PJ confirma los 30 meses de prisión preventiva para Sada Goray y Mauricio Fernandini

La empresaria y el periodista se mantendrán recluidos mientras son investigados por el caso Marka Group. Otros involucrados sí fueron puestos en libertad tras decisión del Poder Judicial.

Sada Goray y Mauricio Fernandini son investigados por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Foto: composición LR
Sada Goray y Mauricio Fernandini son investigados por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Foto: composición LR

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó —a fines de octubre— los 30 meses de prisión que se impuso contra los principales investigados del caso Marka Group, el cual desnudó un entramado de corrupción desarrollado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini se mantendrán recluidos en sus centros penitenciarios asignados mientras son investigados por la Fiscalía de la Nación.

A ambos se les investiga por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Son acusados de participar en la millonaria entrega de coimas para controlar el Fondo Mivivienda, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de beneficiarse económicamente.

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La apelación fue presentada por el mismo Ministerio Público, ya que esta institución solicitaba al Poder Judicial elevar de 30 a 36 meses el tiempo de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini.

Finalmente, el periodista continuará cumpliendo su prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro y la empresaria en el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

Otros investigados sí fueron puestos en libertad

En tanto, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó los 30 meses de prisión preventiva contra Roger Gavidia Johanson, exsuperintendente de Bienes Estatales, y Pedro Arroyo Marquina, exjefe del Fondo Mivivienda. Tras esta decisión tomada a fines de octubre, fueron puestos en libertad.

El juez Raúl Justiniano dispuso que sigan siendo investigados bajo comparecencia restrictiva y reglas de conducta. También se les asignó el pago de una caución de S/30.000, la cual debe hacerse efectiva en el Banco de la Nación.

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