Junta de Fiscales Supremos evalúa reincorporación de Delia Espinoza a la Fiscalía
Delia Espinoza desempeña funciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Habría un mínimo de 3 plazas que ella podría ocupar en la Fiscalía. Una de las tres que ven casos de corrupción de funcionaros, más la que dejó la fiscal Zoraida Ávalos.
La presidenta de la Junta de Fiscales Supremos y fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, habría solicitado un informe técnico legal a la gerencia de asesoría jurídica, a fin de definir si existe una vacante para que la fiscal suprema titular Delia Espinoza puede reincorporarse y desempeñar sus labores en el Ministerio Público.
Espinoza fue nombrada fiscal suprema titular por la Junta Nacional de Justicia, el 21 de octubre de 2022, pero inmediatamente, el 3 de noviembre de 2022, la Junta de Fiscales Supremos acordó designarla como representante titular del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el que desempeña sus funciones actualmente.
La Junta tomó esa decisión en virtud de un cuestionado informe de la gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Silvia Karina Avila Lam, en el que se afirma, sin mayor fundamento legal, que no existen plazas vacantes disponibles y presupuestadas en el Ministerio Público.
La doctora Delia Espinoza recibe su título de fiscal suprema titular para trabajar en el Ministerio Público
La Fiscalía siempre contó con seis plazas de fiscales supremos titulares, de las cuales, cinco desempeñan funciones en el Ministerio Público y uno en el Jurado Nacional de Elecciones. Además, uno de los cinco se desempeña como fiscal de la Nación.
Sin embargo, mediante oficio dirigido a la secretaria general de la Junta, Avila Lam da a entender que esas plazas se han reducido a cinco en total, sin indicar la norma legal que redujo esa cantidad. Además, que el cargo de fiscal de la Nación supone ocupar dos plazas, con lo cual no existe ninguna plaza vacante, salvo la de la JNE.
Eso supone también que la Junta de Fiscales Supremos funcionaria solo con cuatro fiscales supremos titulares, cuando histórica y legalmente tenía cinco, un número impar que buscar evitar empates en los acuerdos, salvo situaciones imprevistas.
Por el contenido de ese oficio, Silvia Karina Avila Lames es objeto de una investigación preliminar por delitos de falsedad ideológica y omisión de funciones, por parte del cuarto despacho de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.
Los informes de asesoría jurídica que se buscan, son consecuencia de dos solicitudes presentadas por la fiscal suprema Delía Espinoza, en las que pide su reincorporación al Ministerio Público y que se elija a un fiscal supremo provisional como representante ante el JNE, como ha sucedido en otras ocasiones y era el caso de su antecesora la doctora Elizabeth Maisch Molina.
Espinoza ha pedido su regreso a la fiscalía el 22 de junio y 31 de julio, respectivamente, pero hasta ahora, según ha trascendido, no se le da una respuesta ni su caso es puesto a debate en la Junta de Fiscales Supremos. La doctora Benavides mantiene la vigencia del oficio de Avila Lam.
En sus escritos, que concuerdan con la realidad evidente, la doctora Espinoza dice que, al 3 de noviembre de 2022, sí existía una plaza vacante y que, al día de hoy, hay dos plazas vacantes y presupuestadas, por lo que su reincorporación es posible.
Al 3 de noviembre de 2022, se desempeñaban como fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, en la Primera Fiscalía Suprema Penal; Zoraida Ávalos Rivera, en la Segunda Fiscalía Suprema Penal; Juan Carlos Villena, en la fiscalía suprema de familia; y Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
Al momento de ser elegida fiscal de la Nación, el 30 de junio de 2022, mediante resolución fiscal, se dio por concluida la designación de Benavides como fiscal suprema en el despacho de la fiscalía suprema especializada en corrupción de funcionarios, nombrándose en su reemplazó al fiscal supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro.
Existen tres fiscalías suprema anticorrupción, dos a cargo de los fiscales supremo provisionales Franklin Jaime Tomy López y Helder Uriel Terán Dianderas. Además, de la fiscalía suprema que ocupaba Patricia Benavides antes de ser elegida fiscal de la Nación, que hoy atiende el fiscal Vegas Vaccaro.
En noviembre de 2022, Espinoza pudo ser designada a una de las tres fiscalías supremas que ven casos de corrupción de funcionarios, pero según diversas fuentes, había la intención de alejarla del Ministerio Público, a fin de evitar voces discrepantes en la Junta de Fiscales Supremos.
Es público y evidente que se prefiere en esos despachos a fiscales supremos provisionales o fiscales supremos adjuntos, cuya desiganción dependerá exclusivamente de la fiscal de la Nación.
Además, al día de hoy, con la decisión del Congreso de inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, esa plaza también está vacante.
Sin embargo, a partir del oficio de Ávila Lam, se indica que si bien Benavides ocupa la plaza de fiscal de la Nación, tiene reservada la de la fiscalía anticorrupción, y Ávalos, pese a haber sido inhabilitada, mantiene ocupada la plaza de la segunda fiscalía transitoria suprema penal. Ambos despachos, ahora antendidos por fiscales supremos adjuntos.
¿Cuál es la base legal de todo este enredo? ¿A dónde fue a parar la quinta plaza de fiscal supremo titular? Eso es lo que se pretende que aclaren los asesores legales del Ministerio Púbico, a fin de responder el pedido de la doctora Delia Espinoza.
Aunque, de acuerdo con diferentes fuentes fiscales, la realidad es que Benavides no quería dejar en manos de un fiscal supremo titular ninguna de las plazas que ven casos de corrupción y tampoco tener una voz discrepante en la Junta de Fiscales Supremos.
Por ejemplo, en el despacho que ocupa Uriel Terán está la investigación a su hermana, la jueza superior Emma Benavides Vargas, por recibir supuestos pagos de presos por narcotráfico, a cambio de su liberación.
Además, en estas fiscalías están la mayoría de procesos a la red de corrupción judicial Los Cuellos Blancos del Puerto, que involucra a abogados, jueces y fiscales, quienes aún tendrían influencia en la Junta Nacional de Justicia, como en el pasado controlaban el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.
