Jefe de las Fuerzas Armadas se niega a entregar documentos vitales para investigación contra Boluarte
Mala práctica. Bajo el argumento de que se trata de “información secreta” porque se relaciona con asuntos de “seguridad nacional”, institución castrense rechaza proporcionar documentación que ayudaría a esclarecer matanza del 15 de diciembre en Ayacucho.
Desde hace más de medio año que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar, se niega a proporcionar los planes de operaciones que se ejecutaron durante la matanza de 10 civiles, en el transcurso de las protestas antigubernamentales del 15 de diciembre del 2022 que rechazaron el Gobierno de Dina Boluarte.
Por ejemplo, al mediodía del 12 de enero de este año, fiscales del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación llegaron a la sede del CCFFAA para solicitar los planes de operaciones que diseñó la institución para contrarrestar las protestas en el interior del país.
Víctimas de las protestas en Ayacucho esperan justicia. Foto: La República.
En Secretaría General les respondieron que “no es factible proporcionar los documentos, en razón de que se trata de información clasificada como secreta”, según se lee en el acta fiscal de la diligencia.
Días antes, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, encargado de la investigación que se les sigue a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola, envió al jefe del CCFFAA, general Manuel Gómez de la Torre, un oficio de carácter “muy urgente”.
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En el documento le requirió que enviara copias de todas las comunicaciones, como cartas, oficios, correos y otros, emitidos por la Presidencia de la República, Consejo de Ministros y Ministerio de Defensa, así como la cadena de mando, planes de operaciones, fuerzas de apoyo y personal comprometido en la represión a la protesta del 15 de diciembre, en Ayacucho.
De nuevo, la Secretaría General del CCFFAA contestó, a nombre del general Gómez de la Torre, que no entregará dicha documentación por considerarla “secreta”, ya que se trata de “información relacionada con la seguridad nacional”.
Y en lo que puede interpretarse como una versión sobre su actuación en los hechos sangrientos del 15 de diciembre, el CCFFAA comunicó que el control interno está a cargo de la Policía Nacional y que los institutos armados solo cumplieron con proporcionar personal militar de apoyo.
Sin embargo, el CCFFAA reconoció que podría entregar la información al Poder Judicial de ser solicitada formalmente.
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Por esas mismas fechas, el periodista Ernesto Cabral solicitó al CCFFAA, recurriendo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación militar. La institución castrense se negó, alegando que la revelación de esta información “originaría un riesgo a la integridad territorial y/o a la subsistencia del sistema democrático”.
En marzo de este año, el Tribunal de Transparencia resolvió a favor del periodista y ordenó al CCFFAA que facilite la información en un plazo de 7 días. El Ministerio de Defensa ha decidido apelar el fallo y judicializar el caso.
“No basta con que se invoque a la seguridad nacional, sino que tienen que sustentar en qué medida la divulgación de estos contenidos pone en peligro la seguridad nacional”, dijo el abogado Juan Carlos Ruiz, especialista en derechos humanos. “La información sobre estos operativos no compromete la seguridad nacional. Lo que hay es una voluntad de impunidad; es decir, no se quiere que se investiguen ciertas acciones”, señaló.
Impacto. Actitud de CCFFAA retrasa investigación fiscal. Foto: difusión
Según el jurista, el CCFFAA invoca a los artículos 15 y 16 de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, al no estar debidamente motivada, carece de sustento jurídico. Lo que se quiere es encubrir a toda una cadena de mando en relación con estos crímenes”, manifestó.
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Carlos Rivera, abogado de la defensa de las víctimas, cuestionó la actitud del fiscal a cargo de la investigación, Marco Huamán. “Hay una actuación negligente del fiscal Huamán de no hacer nada al respecto. No está siendo diligente en la búsqueda y recopilación de información. ¿Por qué no pide una orden judicial para obtener esos documentos?”, resaltó.
El fiscal Marco Huamán también solicitó al premier Alberto Otárola que confirme si la información que estaba solicitando al CCFFAA era, efectivamente, secreta. ¿Qué podría haber respondido Otárola si es el investigado? Confirmó que era investigación secreta.
Jueza ordena al Ejército que proporcione información
Mientras que el fiscal adjunto supremo Marco Huamán investiga la presunta responsabilidad de la mandataria Dina Boluarte y otros ministros, la fiscal de Ayacucho Mirela Coronel Molero abrió indagación contra los mandos de la Segunda Brigada de Infantería Wari por presuntos delitos contra la vida y la salud durante los hechos del 15 de diciembre.
Como parte de las diligencias, solicitó judicialmente los planes de operaciones y la relación de los oficiales que tuvieron cargos claves el día que ocurrió la matanza.
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Como resultado, la jueza Margarita Salcedo Guevara dispuso que el Ejército proporcionara la información requerida por la Fiscalía, debido a la importancia para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal Huamán debería hacer lo mismo.
CCFFAA: No es no
Uno de los documentos del CCFFAA en que se alega “secreto militar” como pretexto para no suministrar los planes de operaciones del 15 de diciembre.