El 12 de diciembre del 2022, el Fondo Mivivienda, del Ministerio de Vivienda y Construcción, informó a la inmobiliaria Marka Group que suspendía todas sus actividades relacionadas con la empresa debido a que su exgerenta general Sada Goray Chong había confesado el pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener ventajas con el mencionado fondo.
Efectivamente, Goray admitió ante el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que coimeó con S/4 millones al exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, quien trabajaba directamente con el extitular del sector Geiner Alvarado. El propio Marrufo luego confirmó los pagos ilegales, aunque aclaró que en total fueron S/9.3 millones, y que no solo incluía acceder a los pedidos de Marka Group ante el Fondo Mivivienda. También incluía el reclamo de Marka Group para que se le reconociera como suyo un predio de 90 hectáreas en Chilca ante la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), cuando el verdadero propietario era el Estado.
Para la realización de los actos de corrupción, tanto en el Fondo Mivivienda como en la SBN, fueron cambiados los funcionarios que se oponían a las solicitudes de Marka Group. Parte del acuerdo entre Sada Goray y Salatiel Marrufo, con el conocimiento y aprobación de Geiner Alvarado, se nombraron a funcionarios recomendados por Goray.
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Por estos hechos, el Fondo Mivivienda resolvió aplicar la cláusula 28.7 del convenio suscrito con Marka Group, que contempla la suspensión del acuerdo comercial, “si sus socios, accionistas, asociados, aportantes, directores, gerente general o cargos equivalentes, directamente o a través de sus representantes legales, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de delitos (…)”. Es decir, exactamente el caso de Sada Goray Chong.
Proyecto. Lima Bonita de la inmobiliaria Marka Group. Foto: difusión
Sorprendentemente, poco después de la decisión del Fondo Mivivienda, el apoderado de Marka Group, Ítalo Arbulú Ortega, empleado de Sada Goray, denunció ante la fiscalía al gerente general de la entidad, Juan Toledo Baldeón, y a otros cinco funcionarios: Ramón Huapaya Raygada, Ernesto López Mareovich, Fernando Laca Barrera, José Montalva de Falla y Paul Cárdenas Condezo.
El lunes 5 de enero de este año, la fiscal Yanet Roller Rodríguez abrió investigación preliminar contra los 6 funcionarios del Fondo Mivivienda por los presuntos delitos de apropiación ilícita, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. ¿El motivo? Por haberse negado a continuar abonando fondos públicos a Marka Group en aplicación de una cláusula anticorrupción del convenio.
Marka Group había conseguido subsidios para el bono familiar habitacional de 6 proyectos inmobiliarios por S/254 millones, de los cuales había librado S/34 millones conforme el avance de las obras. Pero el procedimiento se suspendió desde que Sada Goray y Salatiel Marrufo aceptaron que existieron pagos de sobornos para que Marka Group consiguiera el acuerdo con el Fondo Mivivienda.
Llamativamente, el demandante y representante de Marka Group, Ítalo Arbulú Ortega, participó en una reunión virtual junto con Sada Goray, el 25 de agosto, con la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños. También intervinieron Geiner Alvarado y su cómplice Salatiel Marrufo. El encuentro fue por presión de ambos y a solicitud del expresidente Pedro Castillo.
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“Es un favor que tiene que cumplir el presidente de la República, espero que no me estés grabando”, le dijo Marrufo a Añaños. Luego el mismo Marrufo confesaría que parte de la coima de Marka Group se lo entregó en sus manos a Castillo.
El acuerdo comercial entre Marka Group y Fondo Mivivienda contempla suspender todo si alguien de la empresa se involucra en un caso de corrupción, como Sada Goray.
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“Marka Group no reclama dinero para la empresa. La denuncia es porque el Fondo Mivivienda ha paralizado el pago de los proveedores pese a que ellos han brindado sus servicios. Entonces, si ellos han hecho un trabajo y un servicio, la obligación es que les peguen”, señaló el abogado de la empresa, José Carlos Angulo: “A los proveedores no se les paga a través de Marka Group".
El representante de Alto Gestión Inmobiliaria, Gonzalo Bedoya Robinson, comunicó a sus socios y amigos que había comprado Marka Group Social de Sada Goray Chong.
“He tenido que tomar acciones para salvaguardar mi patrimonio. Contraté a la empresa Marka Group para que gerencie mi proyecto. Nunca les di ni una sola acción de mi empresa”, les informó.
“He comprado MK (Marka Group) Social (de la familia de Sada Goray), puesto que el Fondo Mivivienda paró y trabó todos los proyectos en los que estuviera involucrada, ya sea como gerenta o como accionista, la señora Sada Goray, en diciembre del año pasado”, indicó.
Estamos destrabando los proyectos y entregándolos a diferentes empresas para que los puedan sacar adelante. Luego liquidaré Marka Group Social, una vez que todos los proyectos estén en nuevas y buenas manos”, apuntó.
El proyecto que Aalto Gestión Inmobiliaria trabajó con Marka Group sería Barranca Bonita, uno de los seis proyectos suspendidos por el FMV luego de las confesiones de Sada Goray y Salatiel Marrufo.
Coincidentemente, el representante de Marka Group, Ítalo Arbulú Ortega, fue quien denunció a los seis funcionarios del FMV cuando esta entidad congeló los contratos.
Ítalo Arbulú fue quien, junto con Sada Goray, presionaba al FMV para que le dieran los contratos, como quedó registrado en un video de la reunión virtual con Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo.
Ahora los nuevos dueños de Marka Group (la empresa Aalto Gestión Inmobiliaria) pretenden desconocer las revelaciones de Sada Goray y que el FMV siga cumpliendo con los seis acuerdos comerciales por un total de S/254 millones, como si nada hubiera sucedido.
El gerente general del FMV, Juan Carlos Toledo, confirmó a La República que suspendió los convenios con Marka Group debido a las declaraciones incriminatorias de Sada Goray y Salatiel Marrufo.
“La decisión se tomó estrictamente por la declaración de su representante legal, Sada Goray. Sabido esto, nosotros revisamos los contratos con Marka Group y lo que hicimos es aplicar legal y técnicamente las cláusulas anticorrupción que contienen los contratos de fideicomisos. Y hemos invocado esta causal para proceder a la suspensión”, explicó Toledo.
“Una vez que algún funcionario, representante o empleado de Marka Group ha aceptado este tipo de situaciones (actos de corrupción), lo que corresponde al FMV es aplicar la cláusula. ¿A qué lleva esto? A suspender o paralizar temporalmente el desembolso de los bonos que corresponden a los proyectos”, señaló el gerente general del FMV.