El dirigente cusqueño Remo Candia murió baleado el 11 de enero pasado en la avenida 28 de Julio de la Ciudad Imperial, como consecuencia de la represión policial a las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
Han trascurrido más de dos meses y medio y aún el Ministerio Público avanza lentamente con las investigaciones para dar con los responsables del deceso. El caso lo investigaba la Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, a cargo del magistrado Junior Román Quispe.
La República accedió a un documento interno del Ministerio Público del 13 de marzo. Hasta esa fecha no se hizo la pericia del proyectil que habría matado a Candia. Este examen es clave, permite identificar de qué arma salió la bala y qué efectivo la tenía en su poder.
Yudith Conto Cantero, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras, asumió la defensa de la causa. Confirmó que no hubo avance sustancial del caso tipificado como homicidio calificado. Tampoco la Fiscalía da información de los avances a pesar de las seis solicitudes de información.
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También se enteraron, de manera casi casual, que la investigación se transfería a la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad con sede en Lima.
“Parece que no están trabajando (Fiscalía). Ellos sabían desde el viernes que el caso va a Lima, pero no nos han notificado. Todos los actuados deben ser informados, por ley debemos tener una copia. Tenemos acceso a los datos porque presionamos”, dijo Conto.
La letrada también pide el cumplimiento de las diligencias, la remisión completa de los actuados y demás evidencias al nuevo despacho.
Además, exige que se incluya a abogados y otros familiares del fallecido en la visualización de los videos. Este material sí fue compartido con el hijo mayor y la esposa de Candia.
Sin embargo, Conto considera importante que los demás hijos del dirigente y otros allegados lo revisen para identificar a testigos claves.
La solicitud fue ingresada hace dos meses, pero el fiscal Román Quispe no contestó.
Conto reconoce que semanas atrás llegó una notificación de la Fiscalía. En ella informan sobre la pericia y esta la hará la Divlacri, en Arequipa.
A raíz de los reclamos de desidia por parte del fiscal a cargo, la jefa de la junta de fiscales del Cusco, Griselda Venero de Monteagudo, solicitó a Román un informe detallado sobre el caso.
En una breve declaración, Román desmintió el retraso.
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“Se hizo las diligencias como corresponde a ley. Sobre la información de la Policía, se solicitó a la Divincri. Hemos hecho todas las diligencias”, aclaró.
La abogada insiste en que aún no se solicitó información a la Policía. Explica que fue a exigencia de la defensa que se incluya en la carpeta fiscal la información del plan operativo policial y los mandos a cargo de la operación. Este requerimiento aún no ha sido entregado al Ministerio Público.
En la misma carpeta fiscal de Candia también se incluía el de Rosalino Flores, otro cusqueño que perdió la vida luego de dos meses de agonía.
Los abogados solicitaron que se desacumulen los procesos. La Fiscalía de Derechos Humanos los investigará por separado.
La defensa prepara la ampliación de la denuncia para los responsables de las estrategias policiales. “Necesitamos saber sobre esa estrategia, quién fue el coronel y el comandante encargados de hacerlo. No sabemos hasta ahora quién dio la orden”, señaló la letrada.
Juan Juliño Mamani Mamani (23) fue herido el 9 de enero durante las protestas en Juliaca. Una bala lo dejó inmovilizado y requiere apoyo para su tratamiento.
Juliaca. Juan no se puede levantar desde que lo balearon. Foto: difusión
Hace más de tres meses se encuentra postrado en cama luego de que una bala le dañara el fémur izquierdo.
Mamani es huérfano de padre y madre. Lo atiende una de sus tías en el distrito de San Miguel mientras se recupera.
Según diagnóstico, sus lesiones sanarán en un año. Necesita terapia para su tratamiento y carece de recursos.