La jueza Beryl A. Howell, de la Corte del distrito de Columbia (Estados Unidos), rechazó la demanda contra el Departamento de Estado que interpuso el expresidente Alejandro Toledo con la que el exmandatario pretendía dilatar su extradición a Perú, así como su eventual detención por autoridades norteamericanas. En la resolución a la que accedió La República, la magistrada sostiene que Toledo Manrique “no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo” de su recurso en el que alega una infracción a la Quinta Enmienda.
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La demanda, planteada el 7 de marzo, es el tercer recurso del exmandatario para intentar frenar su inminente entrega al Perú, dónde será juzgado por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias por el Caso Interoceánica.
En este último recurso, el exmandatario denunciaba una supuesta “falta de garantías procesales” por parte del Departamento de Estado ya que esta entidad no habría revelado "las bases no clasificadas de su decisión" ni habría brindado “la oportunidad de rebatir esas bases en un intercambio de opiniones completo y justo".
Por ello, Toledo exigía que la justicia norteamericana declarase la inconstitucionalidad de la decisión del Gobierno y emitiera una medida cautelar que prohíba la repatriación, así como la eventual revocación de la libertad bajo fianza de exmandatario.
No obstante, la magistrada Beryl A. Howell resolvió que “la Cláusula del Debido Proceso no exige un procedimiento más amplio que el que el demandante (Toledo) de hecho recibió”, por lo que “no tiene derecho” a una medida cautelar.
“En realidad, la decisión final del secretario de Estado no se produce en el vacío, sino que es posterior a —y depende de— una cantidad sustancial de otros procesos también centrados en la determinación de la extraditabilidad del fugitivo, en los que el fugitivo (Alejandro Toledo) ya ha sido un participante clave”, argumenta Howell.
“Para el demandante, la decisión del secretario representa simplemente el paso final en lo que han sido varios años de oportunidades para él, con la asistencia de un abogado, para presentar pruebas y desarrollar el expediente a través de procedimientos contradictorios, para participar en múltiples audiencias ante varios jueces, para atacar colateralmente las decisiones judiciales resultantes en habeas, y para complementar el expediente con presentaciones escritas ilimitadas al Departamento de Estado”, agrega.
En este punto, la jueza se refiere a los múltiples procesos que ha iniciado Alejandro Toledo para, de alguna u otra forma, buscar dilatar su extradición ante la Corte del Distrito Norte de California y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito: “Resulta evidente es que el demandante recibió el equivalente, sino mucho más, del proceso al que alega que tenía derecho en virtud de la jurisprudencia citada”, se lee en la resolución”.
“Después de considerar la petición de una medida cautelar u orden de restricción temporal, los memorandos presentados en apoyo y oposición, y todo el expediente aquí, por las razones expuestas en la Opinión de Memorando adjunta, por la presente se ordena que se deniegue la petición de la parte demandante de una medida cautelar”, sentenció la jueza Beryl A. Howell.
En la resolución, la magistrada Beryl A. Howell también sostiene que Alejandro Toledo pudo haber planteado sus observaciones sobre el debido proceso ante la Corte del Distrito Norte de California y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, pero no lo hizo “para evitar un precedente claramente desfavorable”.
A. Howell también advierte que Toledo “intenta ahora eludir” las decisiones de los referidos tribunales de la Costa Oeste de Estados Unidos con una “una presentación muy selectiva y engañosa de los antecedentes”.
“Llama la atención la ironía de que el demandante se involucre en tal abuso del proceso judicial para quejarse de que, de hecho, no ha recibido suficiente proceso. Este Tribunal no detendrá los elaborados procedimientos que ya están en marcha con respecto a la extradición del demandante”, afirma la magistrada.
El expresidente es investigado por la justicia peruana por haber recibido presuntamente una coima de más de 30 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de que esta empresa sea favorecida en la licitación de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Por esta razón, el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo.
Corte de Columbia rechazó el recurso presentado por Alejandro Toledo en el que pedía "medidas preliminares urgentes" para evitar su extradición al Perú. Foto: Archivo
Sobre Toledo Manrique también existe una acusación por presuntamente haber favorecido a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio del pago de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman. Por ello, se le imputa los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.