El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, denunció ante el Ministerio Público (MP) haber sido amenazado de muerte a través de una cuenta de Twitter.
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Desde la dirección @siniestro_8814, el usuario denominado “ultraderechista clandestino” respondió a un tuit de la cuenta oficial del JNE con la siguiente frase: “Lárgate, Salas Arenas... lárgate lejos, CORRUPTO... estás advertido”. El mensaje iba junto a la foto en primer plano de una bala.
El tuit ha sido eliminado al incumplir las reglas de Twitter. Sin embargo, la cuenta @siniestro_8814 se mantiene activa.
“Este hecho de amedrentamiento pone en grave riesgo la vida e integridad del titular de este organismo electoral que merece la urgente atención por parte de su representada”, dice el oficio firmado por el director central de Gestión Institucional del JNE, Eduardo García, enviado a la secretaria general del MP, Fiorella Casique Alvizuri.
El oficio pide que el MP, “de manera inmediata, se sirva realizar las acciones correspondientes en ejercicio de sus funciones constitucionales” en atención a la medida cautelar n° 607-2021 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dispuso que el Estado peruano debe garantizar la continuidad de la labor del titular del JNE “sin ser objeto de amenazas, hostigamiento o actos de violencia en ejercicio de sus funciones”.
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Ayer también el JNE difundió un comunicado ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que recomienda modificar el artículo 99 de la Constitución para que los representantes del JNE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan ser denunciados constitucionalmente.
“Consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad, que se permita que un órgano eminentemente político como el Congreso tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE”, señala el comunicado.
Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional, Pedro Grández, advirtió que a una facción del Congreso le interesa inhabilitar al presidente del JNE, “y eso solo ocurre cuando se abre la posibilidad de procesar políticamente a un alto funcionario bajo criterios que son subjetivos y políticos”.
Añadió que, si el Congreso pudiera acusar a los representantes de los organismos electorales, sería el equivalente a que los futbolistas pudieran maniobrar al árbitro a su antojo.
Por su parte, el abogado especializado en derecho electoral Jorge Jáuregui señaló que la función del TC en el sistema democrático peruano es la de ser un eje para proteger el equilibrio de los poderes. “Y esa función no la está cumpliendo porque contribuye a que quienes hacen elecciones y quienes administran justicia en material electoral puedan estar sujetos a un juicio político que no demanda un procedimiento justo y con garantías”, comentó.
En su comunicado, el JNE indica que es “cuando menos muy peligroso para la democracia y las instituciones de nuestro país” que autoridades políticas, como son los congresistas, puedan sancionar a autoridades electorales “sobre la base de una valoración política y no jurídica”.
“(Los congresistas) tendrían el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas que se encuentran relacionadas directamente con sus intereses políticos, configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales”, advierte el JNE.
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Este es el oficio que fue enviado desde el JNE para dar cuenta de la amenaza en contra de Jorge Salas Arenas.