El Gobierno de Estados Unidos afirmó que "el único impedimento" para ejecutar la orden de extradición del expresidente Alejandro Toledo era que no estaba detenido cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, autorizó el 21 de febrero la entrega del exmandatario a las autoridades peruanas. Por ello, piden al juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, revocar la libertad bajo fianza del exjefe de Estado y enviarlo a prisión preventiva.
"Después de más de tres años de litigio, tiempo durante el cual esta corte y el Tribunal de Habeas determinaron que la solicitud de extradición de Perú cumplía con el tratado pertinente, el Tribunal de Habeas y el Noveno Circuito se negaron a suspender la extradición de Toledo, y el Secretario de Estado autorizó la entrega de Toledo a las autoridades peruanas en virtud del tratad; el único impedimento para ejecutar la orden de entrega que quedaba en el momento en que Estados Unidos presentó la presente moción era el hecho de que Toledo permanecía fuera de custodia", se lee en el escrito de la fiscal de EE. UU. Stephanie M. Hinds.
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En el documento al que accedió La República, la fiscal recuerda que luego de que el Gobierno norteamericano autorizó la extradición, Toledo ha buscado sin éxito suspender nuevamente el proceso de repatriación hasta que se resuelva su hábeas corpus en segunda instancia. La jueza Laurel D. Beeler, solo accedió a paralizar el procedimiento temporalmente para darle una chance al expresidente de buscar una suspensión mayor en un tribunal superior, en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
"Toledo debe ser detenido porque, a medida que cada vía para evitar su extradición por medios legales termina en callejones sin salida, su incentivo para huir aumenta. Toledo ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por estar en prisión preventiva en Perú", alega Hinds.
"Tal como lo determinó otro tribunal con respecto a otro jefe de estado extranjero pendiente de extradición de los Estados Unidos, 'independientemente del costo para él o su familia, (Toledo) puede optar por buscar asilo en otro lugar y abandonar su defensa en (Perú). Si tienen éxito, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en (Perú), que pueden ser igualmente sinceras en su creencia de que participó en una conducta ilegal, pueden verse privadas de la oportunidad de probar su caso'. Como tal, la detención es necesaria", agrega la letrada.
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Alternativamente, el Gobierno estadounidense requiere al magistrado Hixson que ordene Alejandro Toledo a entregarse inmediatamente al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos una vez que el Noveno Circuito rechace su pedido de suspensión, así como el hábeas corpus, "lo que ocurra antes".
"A fin de cumplir con las obligaciones que le impone el tratado, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello", adelantó la fiscal de EE. UU. Stephanie M. Hinds.
El expresidente Alejandro Toledo, a través de su abogada Jodi Linker, solicitó al juez no acceder al pedido del Gobierno de EE. UU. de detenerlo para ser extraditado. Según el exjefe de Estado, está dispuesto a entregarse voluntariamente una vez que se resuelvan todos los recursos con los que busca suspender o anular el proceso de repatriación.
“El gobierno argumenta que el doctor Toledo debe ser detenido con antelación a la fecha de entrega a fin de garantizar que realmente estará disponible para la transferencia de la custodia. Aquí, no hay razón para dudar de que el doctor Toledo estará disponible. Él está preparado para entregarse a los Alguaciles de los Estados Unidos antes de la llegada de los representantes del Perú. Su oficial de Servicios Previos al Juicio, que está en mejor posición que el abogado del gobierno para evaluar esta situación, no se opone a este plan”, expresó la abogada pública Linker.
La letrada exige, en el caso de que se disponga la encarcelación de Toledo Manrique, “como mínimo” el juzgado debe garantizar que Alejandro Toledo no volverá a un régimen de aislamiento y se hayan establecido las fechas para el arribo de las autoridades peruanas.
“Permitir que el doctor Toledo se entregue a los Alguaciles de los Estados Unidos una vez que se hayan hecho esos arreglos es el enfoque más humano. Alternativamente, la Corte no debería detener al doctor Toledo hasta que el gobierno le garantice que se han hecho los arreglos necesarios para asegurar que no será devuelto al confinamiento solitario o a la Cárcel de Santa Rita, que tendrá acceso a atención médica y psiquiátrica, y que el gobierno trabajará con Perú para minimizar la cantidad de tiempo que pase en custodia”, argumenta.
El 21 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó, a través de sus redes sociales, que Estados Unidos concedió la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, indicaron que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición.
Como se recuerda, el ex jefe de Estado es investigado por la justicia del Perú por presuntamente haber recibido una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de que la constructora sea favorecida en la licitación de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Es por ello que el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo.
El expresidente Alejandro Toledo y su defensa maniobrarían estrategias para ralentizar su retorno al Perú. Desde que Estados Unidos concedió su extradición con fines investigativos por estar encausado en una presunta colusión y lavado de activos, la defensa del fundador de Perú Posible presentó un habeas corpus a la Corte del Distrito Norte de California y otro pedido de suspensión al proceso.
Todavía pendientes de resolución, uno de los argumentos de su letrado contratado, Jodi Linker, para negar su potencial fuga del país centroamericano es su "deteriorada condición psicológica". Según la versión, junto con su esposa, Eliane Karp, "requieren continuo tratamiento médico". Linker sugiere que no existe riesgo de huida.