En segunda revisión. El juez John Pillaca Valdez aprobó el convenio de colaboración que José Graña Miró Quesada, empresario y exdirectivo de la constructora Graña y Montero (hoy Aenza), firmó con el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato en el Perú y la Procuraduría Ad Hoc.
Por el acuerdo, Graña Miró Quesada recibe el perdón total por los delitos de corrupción que admitió haber cometido, a cambio de los cuales declarará en los juicios del “Club de la Construcción”, Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Línea 1 del Metro de Lima, Vía Expresa Sur e IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
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Además, José Graña no podrá contratar personalmente con el Estado durante cinco años y pagará una reparación civil de 39,9 millones de soles. Al no ser parte del acuerdo, las empresas que pudiera tener o ser directivo no tienen impedimento legal alguno.
En setiembre, el juez Pillaca se negó a homologar el acuerdo de colaboración, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría apelaron ante la Sala de Nacional de Apelaciones. El tribunal de segunda instancia le ordenó al juez que apruebe el acuerdo.
Según trascendió en medios judiciales, el juez había denegado el convenio al considerar que la información aportada por Graña Miró Quesada era la misma que había suministrado la constructora brasileña Odebrecht, por lo que no había nuevos aportes para una exclusión total de pena.
La fuentes señalan que la Sala de Apelaciones resolvió que no corresponde al juez evaluar la calidad de las pruebas otorgadas por el colaborador eficaz, sino solo el cumplimiento del procedimiento y que el acuerdo no incluya un pacto de naturaleza antijurídica.
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En una nueva revisión, Pillaca homologó el acuerdo en los mismos términos acordados por sus abogados, la Fiscalía y la Procuraduría. Las pruebas aportadas se evaluarán en el juicio y pueden servir para condenar a alguno de los involucrados o también pueden que no sean útiles o no sean suficientes para establecer la responsabilidad de otras personas. La ley de colaboración no prevé qué pasa ante su insuficiencia probatoria
El acuerdo prevé que José Graña Miró Quesada pague una reparación civil de 39,9 millones de soles. La procuradora Silvana Carrión indicó que se tratará de la suma más alta pagada en el país por un individuo condenado por delitos de corrupción.
José Graña tiene 60 días, a partir de la aprobación judicial del acuerdo, para pagar la reparación civil. Esta cifra es independiente de los 500 millones que pagará Aenza, que llegó a un acuerdo de colaboración independiente con la Fiscalía.