Con la Ley 31436 también se compraron votos de congresistas

El martes 29 de marzo de este año, al día siguiente del segundo frustrado intento de vacancia presidencial, el exmandatario Pedro Castillo promulgó la Ley 31436, que “aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales, y dicta otras medidas”. La norma permitió la disposición de 1.072 millones de soles de los fondos públicos. De ese total, 152 millones fueron destinados a la ejecución de 74 proyectos de agua potable y saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción. Hasta ahora no se sabía que las obras del sector Vivienda comprendidas en la Ley 31436 eran parte del pago que Castillo hizo a congresistas que vendieron su voto contra la vacancia.

Como ha informado La República, el grupo de paisanos y amigos de Pedro Castillo, conocido como el “gabinete en la sombra”, logró que el ex jefe del Estado les financiara obras públicas de su interés mediante el Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre de 2021. Pero eso solo fue una parte del negocio.

Como ha confesado el exintegrante del “gabinete en la sombra”, Salatiel Marrufo Alcántara, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, el Decreto de Urgencia 102-2021 también sirvió para que Castillo comprara votos contra la primera vacancia del 7 de diciembre de 2021.

Los legisladores ofrecieron sus votos a cambio de proyectos de agua potable y saneamiento del Ministerio de Vivienda, un sector controlado totalmente por los miembros del “gabinete en la sombra”. Marrufo ya identificó ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción cuáles son las obras direccionadas del Decreto de Urgencia 102-2021.

Como parte de su declaración como colaborador eficaz, Salatiel Marrufo, quien era el operador del expresidente Castillo y del Ministerio de Vivienda, y negociador con los mismos congresistas, también reveló que en la Ley 31436 se incluyeron en la relación de obras las que pidieron expresamente los legisladores que vendieron sus votos contra la segunda vacancia presidencial.

En la Ley 31436 fueron comprendidos 75 proyectos del Ministerio de Vivienda en localidades de 15 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Callao, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder trabaja con la hipótesis de que los congresistas implicados presionaban por la adjudicación de obras porque estaban de acuerdo con los alcaldes y los contratistas. Las autoridades locales direccionaban las licitaciones a empresas que pagaban un porcentaje del total de la obra. Una parte le correspondía al legislador.

Ahora los fiscales se dedican a revisar el proceso de adjudicación de cada una de las obras públicas que pidieron los congresistas para establecer qué empresas fueron contratadas y si los propietarios tienen vínculos con las autoridades locales o los legisladores de la región.

La experiencia reciente demuestra que sí existen relaciones, como lo comprobó el propio Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción.

En efecto, ese fue el caso del alcalde del distrito de Anguía, Nenil Medina Guerrero, el paisano y amigo del expresidente Castillo, exintegrante del “gabinete en la sombra”. Medina consiguió que Castillo incluyera en el Decreto de Urgencia 102-2021 millonarios proyectos de agua potable. Las obras fueron adjudicadas a empresarios allegados a Medina que le pagaron un soborno del 10% sobre el costo total de la construcción, según confesó uno de ellos, Hugo Espino Lucana, exnovio de la cuñada del expresidente, Yenifer Paredes Navarro.

La delación de Salatiel Marrufo ha expuesto que bajo el discurso de la entrega de fondos a los más pobres en el país para aliviar sus necesidades como el agua potable, Pedro Castillo también dispuso de dinero público para financiar actividades ilegales, como la compra de votos contra la vacancia.

Obras a cambio de apoyo al presidente

“Los congresistas nos hacían llegar los códigos del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) de las obras que les interesaba. Revisábamos si cumplían con la evaluación básica y se incorporaban en el financiamiento”, declaró Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización.

“Ellos nos daban las gracias, pero también se les decía que eso era a cambio de apoyo al ministerio, al ministro y al presidente. “Te hemos dado obras, necesitamos tu apoyo”. Este hecho era informado también al presidente de la República. (...) El financiamiento no era a congresistas sino a la entidad, a la municipalidad, pero era a petición permanente o exigente de los congresistas”, dijo.