Defensoría saluda reorganización del Despacho Presidencial dispuesta por Dina Boluarte

Disposición. La Defensoría del Pueblo respaldó la medida tomada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte de reorganizar el Despacho Presidencial y crear una comisión que presentará, próximamente, un informe que proponga acciones y medidas para dicho objetivo.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Defensoría reconoció la disposición del decreto supremo n° 148-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el último viernes 13 de diciembre, el cual dispuso declarar en reorganización el Despacho Presidencial por 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la instalación del grupo de trabajo que será presidido por Óscar Javier Schiappa Pietra Cubas.

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Asimismo, la Defensoría recomendó que, para combatir actos de corrupción desde todos los niveles del Ejecutivo, “debe reactivarse la Unidad Funcional de Integridad del referido despacho, desactivada en agosto del año pasado”.

Señaló que dicha Unidad Funcional de Integridad tenía como fin implementar mecanismos e instrumentos para la promoción de la integridad y la lucha anticorrupción en dicho organismo público, de acuerdo a la representante de la Adjuntía para la Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva.

“En su momento, la Defensoría consideró que la desactivación de la Unidad Funcional de Integridad del Despacho Presidencial resultaba inadmisible (...) más aún si tal medida fue adoptada en esta dependencia jerárquica, la más alta del Estado”, se lee.

La institución advirtió que las entidades del Gobierno deben implementar “una oficina de integridad o unidad funcional con personal a dedicación exclusiva para garantizar el éxito en la estrategia de prevención de la corrupción en las entidades del sector público”.

Defensoría invoca a Dina Boluarte a promover oficinas de integridad

Ante esta decisión de reorganización el Despacho Presidencial, la Defensoría invocó a Dina Boluarte a promover el fortalecimiento de las oficinas de integridad en los distintos ministerios, organismos públicos ejecutores, organismos públicos especializados, entre otras dependencias del Poder Ejecutivo, en aras de “garantizar la cabal implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la ciudadanía de realizar los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la adecuada marcha de la administración pública, así como promover la integridad y luchar contra el flagelo de la corrupción en el país.