Crítica. El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del Tribunal Constitucional (TC), que revisó el hábeas corpus solicitado por el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, respecto al caso de traición a la patria en contra del presidente, cuestionó los argumentos del procurador Yuri Iván García Cano, representante del Congreso, al consultarle si “la opinión es un delito”.
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Magistrado: Usted como abogado debe saber que los delitos penales se rigen por el principio de taxatividad. La pregunta concreta es ¿Cuál es el acto típico en el que ha incurrido el presidente para imputarle un presunto delito de traición a la patria? El artículo dice que en la práctica es un acto sometido a dirigir o someter a la República. ¿Cuál es el acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o ser independiente la parte de la misma?
Procurador del Congreso: Conforme a la descripción típica que es parte del hecho. Me pide mi opinión, pero a quien le corresponde es los congresistas de la República.
Magistrado: Abogado usted es el procurador. Usted viene en representación de los congresistas y tiene que dar los argumentos del Congreso.
Procurador del Congreso: Lo que considera este informe es las aparentes intenciones que tuvo el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente. Esta entrevista es de alguna manera una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si vemos el informe final vemos un delito no consumado conforme se desprende en el informe de la Subcomisión, por lo que se desprende un acto de tentativa.
Magistrado: ¿La opinión es un delito en grado de tentativa? Señor abogado, esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque usted se está tumbando década de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre con su propuesta de integración Latinoamericana, a Antenor Orrego, a José Carlos Mariátegui, a Jorge Basadre, a Víctor Andrés Belaúnde. Le vuelvo a preguntar. ¿Usted cree que la opinión es un delito?, o como el tipo penal habla requiere un nivel de ejecutabilidad, de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de consejo de ministros, una suscripción de un convenio unilateral? ¿Usted pretende que la figura de traición a la patria a partir de la interpretación que se está haciendo va a condenar la opinión propiamente? ¿O el presidente realizó mayores acciones después de opinar en los medios de comunicación?
Procurador del Congreso: Materialmente, no lo hemos puesto en el informe. Como dijo usted, no hay un acto material de consejo de ministros.
En otro momento de la audiencia, el procurador adjunto del Congreso, Yuri Iván García Cano, reconoció ante el Pleno del Tribunal Constitucional que el presidente Pedro Castillo no dispuso ni concretó algún acto que se tipifique taxativamente como traición a la patria, delito por el que se le pretende acusar según el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Gutiérrez Ticse consultó al abogado del Congreso “cuál es el acto típico en que ha incurrido el presidente de la República para poder imputarle un presunto delito de traición a la patria, un acto típico”.
Magistrado del TC cuestionó al procurador del Congreso.
“Lo que consideran obviamente en este informe es el hecho de las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista es la, de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, lo que está recomendando es un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la Subcomisión, por lo que lo califica en un acto de tentativa”, respondió García Cano.
“¿La opinión es un delito? Esa postura me preocupa mucho”, replicó el magistrado. “¿Usted pretende que la figura de traición a la patria a partir de la interpretación que se está haciendo va a condenar la opinión propiamente o es que el presidente desarrolló mayores acciones después de opinar tal como lo realizó los medios de comunicación?”, insistió.
A un día de la audiencia en el Tribunal Constitucional, la Mesa Directiva del Congreso decidió dirigir las falencias de dicha demanda al procurador Yuri Iván García Cano, quien los representó en dicha sesión.
Ante ello, emitió el memorándum circular N.º 123-2022-2023-OM-CR, en el que se “declara en reorganización el sistema de defensa legal y jurisdiccional del Congreso de la República”, lo que generaría el cambio de su defensa ante los procesos que enfrente el Parlamento en las próximas sesiones.
En el mismo memorando se brinda al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, las potestades para que esta reestructuración se lleve a cabo. Así, se deberá presentar a la Mesa Directiva “una propuesta de actualización de los instrumentos normativos de gestión necesarios para fortalecer” dicho sistema.
Foto: Congreso