La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia denunció que un funcionario del Ministerio Público, al que no identificó, busca intimidar y presionar a la máxima instancia judicial del país en un caso específico, que tampoco mencionó.
Fuentes judiciales indicaron que las presiones contra los jueces supremos se estarían dando ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para influir en el resultado de la casación que, este 2 de noviembre, debe definir si los aportes de campaña irregulares a los partidos políticos constituyen delito de lavado de activos.
El pronunciamiento se produjo horas después que se produjeran dos eventos, con epicentro en la JNJ, uno a cargo del consejero Guillermo Thornberry Villarán y el otro con el funcionario del Ministerio Público y coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela Barba.
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Uno. El lunes 24 de octubre, la JNJ notificó a la Corte Suprema que, dado que el caso era complejo, Thornberry había pedido tres meses adicionales para pronunciarse en la investigación contra la jueza suprema Elvia Barrios.
Sin embargo, el 25 de octubre, notifican que ya hay un pronunciamiento, fechado el 3 de octubre, y que este 8 de noviembre, es decir días después de la audiencia de casación, deberá presentar sus descargos.
La notificación informa que Thornberry propone la destitución de los jueces supremos Elvia Barrios y Javier Arévalo Vela porque sus familiares fueron contratados en el JNE. Arévalo es uno de los jueces supremos voceados para ser el próximo presidente del PJ, al concluir el mandato de Barrios.
Dos. En simultáneo, el fiscal Rafael Vela declaró en radio Exitosa que había pedido la intervención de la JNJ ante la decisión del juez César San Martín de no apartarse de la casación en el caso del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, que definirá el tema de lavado de activos.
La JNJ no tiene nada que ver en ese proceso ni tampoco tiene injerencia en la conformación de un tribunal. Pero si antes del 2 de noviembre decide sancionar a San Martín, tendría que nombrarse a otro juez. San Martín está en proceso de ratificación. Por eso, la Corte Suprema pide que la JNJ realice una ratificación con justicia y equidad.
Presión. Casación definirá buena parte de procesos Lava Jato. Foto: Virgilio Grajeda/La República
La Procuraduría y la Fiscalía intentaron recusar a San Martín, pero no lo lograron. Los jueces de la Sala Penal Suprema Manuel Luján, Fátima Altabás, Iván Sequeiros, Iván Guerrero y Erasmo Coaguila consideraron que no había motivo para que el referido magistrado no intervenga en esta causa.
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El recurso de casación que se verá el 2 de noviembre es clave en los procesos del caso Lava Jato por delito de lavado de activos. Si la Sala Suprema coincide con la posición de la Fiscalía, los juicios continuarán. Pero si asumen una posición distinta los procesos contra la pareja Humala-Nadine, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros políticos, a los que se atribuye el delito de lavado de activos, se podrían archivar.
El pedido de destitución de los jueces supremos Elvia Barrios y Javier Arévalo se sustenta en la ley 30225, que prohíbe a los familiares de los altos funcionarios públicos trabajar en el Estado.
Pero el TC definió que la prohibición solo es general para el presidente de la República, y para el resto la prohibición es especifica a la institución en la que labora el alto funcionario. Los familiares de los jueces supremos no pueden laborar en el PJ.
Destitución. Guillermo Thornberry también plantea la destitución del ex fiscal de la Nación, el fiscal supremo Pablo Sánchez. Igual que a los jueces supremos, le atribuye haber influido indebidamente para que uno de sus hijos trabaje en el JNE. Un tema ya aclarado antes.
La Junta Nacional de Justicia decidió acelerar los procesos contra los jueces supremos Elvia Barrios y Javier Arévalo Vela.
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