Keiko Fujimori: la cúpula de Fuerza Popular pide anular acusación por lavado de activos

Los abogados de los integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, en las campañas electorales del 2011 y 2016, solicitaron al juez Víctor Zúñiga Urday que se archive la acusación fiscal por delito de lavado de activos, sin necesidad de pasar a juicio.

Para esto, desde el último lunes 5 de setiembre, han empezado a presentar un recurso denominado “excepción de naturaleza de acción”, en el que plantean que los hechos investigados por la Fiscalía no constituyen delito.

Hasta este miércoles 7 de setiembre, hicieron este pedido los abogados de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. Sus argumentos se resumen en los siguientes puntos:

1) El delito de lavado de activos requiere que antes se haya cometido otro delito que genere una ganancia. Esa ganancia es la que se lava. Plantean que ese delito inicial no existe o no es de gravedad, pues la doctrina jurídica indica que no todos los delitos pueden ser fuente. La ley contra el lavado de activos indica que son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere ganancias ilegales considerables.

2) El delito de fraude en la administración de persona jurídica, que propone la Fiscalía, no generó un perjuicio a las empresas de donde salió el dinero. Sin perjuicio, no hay delito económico y, por tanto, no hay un origen sucio del dinero. Los órganos directivos de las empresas involucradas -Credicorp, Sudamericana de Fibras y Confiep- nunca han denunciado a sus gestores, accionistas principales o dueños, por tomar el dinero y realizar los aportes.

3) Los empresarios, el fallecido Juan Rassmuss, Dionisio Romero, Odebrecht y la Confiep tenían reconocida solvencia económica, por lo cual Fuerza Popular no estaba en condiciones de suponer que los aportes podrían tener un origen ilícito. Las denuncias contra Odebrecht se hicieron públicas después de las elecciones del 2016.

4) La clandestinidad o irregularidad del aporte de campaña política constituye una falta administrativa o una violación a la ley electoral, pero no un acto sancionado por la Ley Penal.

5) La existencia de atenuantes excluyentes de responsabilidad. Los empresarios aportaron dinero a una campaña al considerar que los otros candidatos ponían en riesgo sus inversiones y propiedad. El dinero entregado se gastó efectivamente en la campaña electoral.

6) Señalan que la fiscalía no tiene pruebas del lavado de activos y por eso los acusa bajo la figura de la autoria mediata por dominio de la voluntad en un aparato organizado de poder. Una figura legal que creada y utilizada para crimenes contra los derechos huamanos. Fuerza Popular es un partido político organizado dentro de la ley con presencia en la vida política del país.

El fiscal José Pérez rechazó los argumentos. El juez decidirá próximamente.

Audiencias

Decisión. Luego de la intervención de cada abogado, el juez escucha a la fiscalía y a la procuraduria y reserva el pronunciamiento para después. Si el juez admite las excepciones —lo que es poco probable—, el caso se archiva y no hay juicio. Si el caso pasa a juicio, este tema se volverá a discutir.