El Gobierno despliega su estrategia política y legal para contener investigaciones

La estrategia de defensa del Gobierno y de Pedro Castillo frente a las investigaciones en curso tiene dos brazos, uno político y otro legal. Van de la mano.

En lo político, hay diferentes acciones que el Ejecutivo ha decidido emprender. Una fuente cercana a Palacio lo describió con estas palabras: “Se trata de mostrar un rol menos pasivo”.

El mensaje público del jefe del Estado ha cambiado. O, mejor dicho, ha regresado a lo que era en campaña. En los populismos, el líder político traza una línea divisoria discursiva entre el pueblo y un enemigo. Si en sus mítines proselitistas Castillo hablaba de “desactivar” a la Defensoría del Pueblo o de cerrar el Tribunal Constitucional porque “falla en contra del pueblo”, hoy enfila en contra de la oligarquía, de los medios de comunicación y de la propia Fiscalía. Un argumento al que algunos de sus colaboradores en el gabinete también se suman. El premier Aníbal Torres afirmó esta semana que “una parte del sector de administración de justicia ha sido tomado por el narcotráfico”.

Esta ofensiva gubernamental se complementa con una serie de encuentros que el presidente ha tenido con distintas organizaciones, en la necesidad de demostrar que cuenta con respaldo social efectivo. En la sede de Palacio ha recibido a ronderos, mineros informales, líderes indígenas, entre otros.

Si se trata de números, lo narrado arriba está funcionando. Las encuestadoras serias confirman que la aprobación presidencial se ha elevado y ahora ronda un 30%. Es poco probable que suba mucho más, aunque le basta por el momento, sobre todo porque su principal contendor político —el Congreso— apenas registra un magro apoyo de un dígito.

El brazo legal

En paralelo a la lucha política, está la parte legal. “Como usted dice, lo planteó él (Eduardo Pachas), no yo. Pero lo cierto es que se trata de una puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes para saber si la Policía actuó bien o no. Si lo hizo bien, no hay problema. No hay mayor inconveniente”, responde a este diario el abogado de Castillo, Benji Espinoza, cuando se le consulta sobre la denuncia interpuesta contra el coronel PNP Harvey Colchado ante la inspectoría policial por la intervención en Palacio, del 9 de agosto, cuando se buscaba a Yenifer Paredes.

Esto podría alejar a Colchado de las investigaciones.

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, se refirió en medios a un “plan Colchado”, cuyo objetivo central consistiría en tratar de obstaculizar el camino del Ministerio Público en el proceso investigativo.

Desde luego, Espinoza niega esa posibilidad: “Ese plan no existe, lo que existe es una preocupación legítima de una persona que está siendo investigada. Las actuaciones de los organismos ¿respetan el marco jurídico o no? Esa es la pregunta. No hay temor a una persona en específico”, indicó.

Pero no deja de ser cierto que, para los intereses de Castillo, el alejamiento de Colchado podría suponer un respiro.

¿Qué espera la defensa de Castillo en los siguientes días? Están a la espera de que la tutela de derechos presentada les dé la razón y se establezca que a un presidente en ejercicio no se le puede someter a diligencias preliminares. Hay una apelación en curso presentada por Espinoza para que haya un pronunciamiento en ese extremo. En sus cálculos, si el resultado les es favorable, “todo se cae”. “Va a definir una suerte de efecto dominó en todas las investigaciones”, señaló el abogado.

Además, según Espinoza, se busca que la Fiscalía muestre todo lo que tiene para que Castillo, recién ahí, declare. “Eso es lo que se llama descubrimiento probatorio”, añadió. Como se sabe, hasta ahora Castillo ha apelado a su derecho a guardar silencio. El resto del plan legal, Espinoza prefiere reservarlo.

¿Es realista hablar de que lo que buscan Castillo y su entorno es deshacerse de Colchado, de Barreto y de todo el equipo que sigue sus pasos, incluida la fiscal Patricia Benavides?

En la mirada del exprocurador César Azabache, la respuesta es positiva. “La campaña me parece evidente. Poner a un nuevo inspector (en la PNP) a días de lanzar una denuncia contra el coronel Colchado, a alguien que tiene relaciones objetivas con personas investigadas en estos casos, es equivalente a imponer como árbitro a una persona que tiene interés en que yo gane el torneo. Aparte, pretender que el desempeño de Colchado sea evaluado por funcionarios sometidos al Gobierno, cuando él está adscrito a un equipo de investigación de la Fiscalía cuyo desempeño ya está bajo el control de un juez supremo, es inconstitucional y ofensivo a la inteligencia, por lo grotesco”, declaró Azabache.

Si bien Azabache reconoció que los cambios impulsados por la fiscal Benavides merecen ser aclarados —el más delicado es aquel que involucra las investigaciones a su hermana Emma Benavides—, indicó que pretender argumentar que estos revelan la intromisión del narcotráfico —como hizo el premier Torres— “constituyen un despropósito”.

“Acá por lo que se observa, hay una campaña en forma. Bastante grosera, pero efectivamente desplegada”, concluyó Azabache.