La Defensoría del Pueblo mostró su desacuerdo con el cambio de la coordinación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) liderado, actualmente, por el coronel PNP Harvey Colchado. Esto, luego de un pedido del ministro del Interior, Willy Huerta, a la fiscal superior Marita Barreto para que Colchado ya no integre el equipo encargado de llevar a cabo investigaciones a altos funcionarios y otros de nivel medio.
Asimismo, pidió al Ministerio de Interior (Mininter) reconsiderar dicha solicitud respetando el equipo conformado por Marita Barreto para realizar las investigaciones y diligencias correspondientes a casos de alta complejidad dentro del Ministerio Público.
Del mismo modo, la entidad recuerda que el último 18 de julio se formó este equipo especial de la PNP en apoyo a los fiscales. Este grupo está al mando de Harvey Colchado, jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia (Digemin), e integrado por los oficiales propuestos.
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Sin embargo, el ministro envió un oficio a Marita Barreto advirtiendo que Harvey Colchado pertenece a un órgano extra institucional de la PNP, por lo que pidió que la coordinación sea otorgada a un jefe de un ente propio de la Policía.
“Tras producirse el cambio de ministros en el Mininter, enviamos un oficio solicitando se nos informen las acciones que iba a adoptar el nuevo ministro, Willy Huerta, a fin de garantizar el trabajo del referido grupo policial. Lamentablemente, hemos tomado conocimiento que se ha pedido el cambio del coronel PNP Harvey Colchado bajo la justificación de que la Digemin es un órgano del Ministerio del Interior y no de la Policía Nacional”, precisó el adjunto de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, Mario Atarama.
Defensoría se mostró en desacuerdo con el cambio en la coordinación del equipo especial de la PNP. Foto: captura/Twitter
Para la Defensoría, este pedido de Willy Huerta denotaría indicios razonables de que dentro de la institución se pretendería interferir en las investigaciones al presidente de la República, Pedro Castillo, y su entorno.
“Muchas de esas medidas pueden estar revestidas de una aparente legalidad o respecto a la institucionalidad; sin embargo, en una lectura conjunta con otros hechos, revelan su verdadero cariz, constituyen una pieza más en la maquinaria que pretende asegurar la impunidad del poder”, expresa la Defensoría.