La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación preparatoria contra el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador regional de Junín, y contra ocho exfuncionarios, por su implicación en irregularidades durante la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Manuel Higa Arakaki” en Satipo.
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Este proceso investigativo, liderado por el fiscal Víctor Aliaga Muñoz, pone en evidencia una serie de acciones que podrían configurar delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
El proyecto, marcado por decisiones cuestionables, incluye la asignación de la obra a un sitio que carecía de disponibilidad física, una circunstancia que, de acuerdo con las normas vigentes, debería haber derivado en la nulidad del proceso y la elaboración de un nuevo expediente técnico. Sin embargo, el contrato fue adjudicado al consorcio Arakaki a pesar de que este no presentó el desglose de partidas para el plan de contingencia, como se exigía en las bases de licitación.
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Además, se evidenció un cambio indebido en la ubicación de la obra al distrito de Río Negro, sin los estudios técnicos necesarios que respalden las características y condiciones del nuevo emplazamiento. A esto se suma el inapropiado adelanto de pagos por materiales que ascendió a S/ 8 250 541.00, contraviniendo las disposiciones administrativas establecidas. Estas anomalías son el foco de las acusaciones que prepara la fiscalía, que también incluye a Wider Herrera, Jakelin Flores, Ricardo Untiveros, Luis Ruiz, Coco Contreras, Carlos Conde, Edith Palomino y Fernando Orihuela.
Mientras tanto, Vladimir Cerrón se ha mantenido elusivo, evadiendo la justicia peruana durante más de 213 días. Desde su condena a tres años de prisión por corrupción, Cerrón ha continuado su influencia desde la clandestinidad, alimentando especulaciones sobre la protección por parte de fuerzas foráneas ideológicamente afines.
Esta situación ha generado declaraciones firmes por parte de autoridades como Alberto Otárola y el canciller Javier González-Olaechea, quienes han expresado preocupación sobre la posible interferencia de inteligencia extranjera, y han mencionado el riesgo de conflictos diplomáticos severos.
Entre los casos más destacados por los que se le investiga a Cerrón, se encuentra su participación en la presunta organización criminal conocida como "Los Dinámicos del Centro", el cual está acusado de tráfico de puestos laborales y de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Junín. Este caso ha sido investigado extensivamente y ha llevado a la fiscalía a sospechar de un financiamiento ilícito de las campañas de Perú Libre mediante recursos provenientes de corrupción
Además, Cerrón también enfrenta acusaciones por lavado de activos, particularmente en relación con la financiación de actividades políticas mediante dinero ilegal. Este caso ha implicado a otros miembros importantes de Perú Libre y ha resultado en la ampliación de las investigaciones para incluir otros supuestos actos ilícitos que podrían haber contribuido al financiamiento del partido
Otro caso grave involucra alegaciones de terrorismo, donde se investiga a Cerrón y otros miembros de Perú Libre por presuntos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso del Vraem. Esta investigación se basa en información proporcionada por un reservista y está dirigida por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco.
Finalmente, Cerrón también ha sido investigado por presuntos pagos irregulares a un policía que le prestaba resguardo personal, lo cual constituye otra forma de conducta corrupta.