Wilfredo Oscorima: Procuraduría Ad Hoc pide más de S/ 56 millones de reparación civil por caso Obrainsa
Según la investigación, el gobernador regional de Ayacucho habría recibido millonarias coimas para favorecer a una constructora.
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El Poder Judicial confirmó que la Procuraduría Pública Ad hoc será reconocida como actor civil, para exigir una reparación civil contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, la cual asciende a más de 56.000 soles.
El proceso se centra en las actividades ocurridas durante el 2014, cuando Oscorima presuntamente se confabuló con la constructora Obrainsa para asegurarle la adjudicación y posterior ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán". Según revelaciones de un colaborador eficaz en 2020, se habrían entregado coimas millonarias para facilitar este acuerdo.
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El 3% del costo directo de la obra, según el colaborador, habría sido la suma pactada para garantizar que Obrainsa ganara la licitación, un acuerdo realizado en perjuicio del Estado y en beneficio particular de Oscorima. Este dinero habría sido entregado en efectivo dentro de un maletín, según detallan los testimonios proporcionados a la fiscalía.
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¿De cuánto es la reparación civil que se le exige a Wilfredo Oscorima?
Dentro del marco legal, la pretensión de reparación civil incluye montos detallados para cada delito: por colusión agravada se solicitan aproximadamente 6.85 millones de soles por daño patrimonial y 13.70 millones por daño extrapatrimonial; por cohecho pasivo propio, la suma asciende a 8.32 millones; y por asociación ilícita, 27.75 millones de soles.
La Procuraduría, en su papel de representante del Estado, ha manifestado su compromiso de seguir adelante con el caso, subrayando la necesidad de recuperar los fondos públicos y asegurar que los actos de corrupción no queden impunes.
¿Cuál es la situación actual de Oscorima?
Oscorima continúa bajo una orden de comparecencia con restricciones desde octubre de 2022, una medida alternativa a la prisión preventiva que le permite cierta libertad bajo condiciones específicas mientras sigue su curso el proceso judicial. Este aspecto del caso subraya la complejidad de las medidas cautelares en el sistema legal peruano, especialmente en casos de alta corrupción, donde los riesgos de fuga o de interferencia en el proceso pueden ser significativos.
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¿Cuál fue la última decisión del PJ con respecto al control biométrico del gobernador de Ayacucho?
El Poder Judicial ha emitido una resolución que establece que el control biométrico del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, debe realizarse únicamente en su jurisdicción original y no en Lima, contrario a lo que se había dictaminado anteriormente. Esta decisión proviene del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección del juez Jorge Chávez Tamariz.
El Poder Judicial tomó esta decisión debido a que la Fiscalía señaló que Oscorima, gobernador de Ayacucho, no había realizado adecuadamente los controles previos necesarios, subrayando así la importancia de implementar una supervisión más estricta y centralizada.
