Gobierno manda a 4 ministros a la OEA para defenderse

Hoy, a partir de las 3 de la tarde, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibirá al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Será en una sesión extraordinaria solicitada por la Misión Permanente del Perú, que encabeza el exministro de Justicia Gustavo Adrianzén.

Otárola no ha viajado solo. Él encabeza una “Comisión de Alto Nivel” integrada también por los ministros de Justicia, Eduardo Melchor; Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi; y Cultura, Leslie Urteaga.

De acuerdo con la resolución que autoriza el viaje de Otárola a los Estados Unidos, esta comisión “servirá como un mecanismo oficial” para expresar la posición peruana “en casos relacionados con el terrorismo y otros asuntos de interés ventilados en la CIDH y la Corte IDH” y “ratificar el compromiso del Estado peruano con el Sistema Interamericano”.

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El viernes, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador Ronald Sanders (Antigua y Barbuda), dio cuenta oficial a los países miembros de la petición de la misión peruana. El pedido para que la OEA escuche a Otárola se formalizó dos semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciara una audiencia pública para el viernes 10 de noviembre con el objetivo de “recibir información e identificar los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones” contenidas en su informe ‘Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’.

De acuerdo con el orden del día, Otárola presentará la disertación titulada ‘El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multilateral’.

Recomendaciones

El informe de la CIDH que se evaluará en noviembre contiene una serie de recomendaciones para el Estado peruano en cinco campos: diálogo y superación de la crisis, seguridad ciudadana, reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, lucha contra la impunidad, institucionalidad democrática y libertad de expresión, reunión y asociación.

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De las 36 recomendaciones, la más importante tiene que ver con la necesidad de que se investiguen las presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas “de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales”.

Abogados de las víctimas han señalado que esta avanza con lentitud. La propia presidenta, Dina Boluarte, se acogió a su derecho al silencio cuando fue invitada a declarar. No hay hasta el momento un solo sancionado.

La clave

Caso omiso. En el campo institucional, la CIDH recomendó garantizar “la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos”. No ha habido un compromiso para implementar esta sugerencia.

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El pedido de la misión peruana

Hoy se presentará el premier Otárola ante el Consejo Permanente de la OEA junto con otros cuatro ministros.