Sistema de derechos humanos en la mira

Con cinco proyectos, congresistas de varios grupos intentan que los peruanos perdamos la protección internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los autores principales integran las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.

Casi todas las propuestas apuntan a que el Perú se retire de este sistema de protección de derechos. Antes han salido solo Venezuela y Nicaragua, países con regímenes autoritarios, con graves perjuicios para sus ciudadanos.

El parlamentario Segundo Montalvo, de Perú Libre, fue el primero. En noviembre del año pasado, presentó un proyecto de ley que plantea que el Estado peruano denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, para restablecer la pena de muerte en nuestro país. Varios legisladores de su grupo y otras bancadas, como Acción Popular y Podemos Perú suscribieron esta propuesta.

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Esta iniciativa permanece en la Comisión de Constitución. Antes, la Comisión de Relaciones Exteriores consideró que debe archivarse.

En mayo último, el congresista Ilich López, entonces aún en la bancada de Acción Popular, entregó el proyecto de “ley que prohíbe que el Estado peruano mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Lo secundaron otros acciopopulistas.

Esta iniciativa todavía espera que emita opinión la Comisión de Relaciones Exteriores.

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En junio de este año, el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, dio un proyecto de ley también para denunciar la Convención Americana.

Otros miembros de su bancada suscribieron este documento.

Esta propuesta se mantiene en las comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores.

Ese mismo mes, la congresista Rosselli Amuruz, de Avanza País, presentó un proyecto que “propone normar el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, con el respaldo en rúbrica de la mayoría de sus compañeros de bancada.

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También está en Constitución y Relaciones Exteriores.

Amuruz luego ha planteado que el Gobierno considere dejar de pagar a la OEA para el sistema de derechos humanos.

En julio pasado, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, con un proyecto, planteó “declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Otros acciopopulistas secundaron este intento.

La propuesta también espera en la comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores.

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Reflexiones

“La denuncia del Pacto de San José tendría consecuencias gravísimas no solo para el Estado peruano, colocándonos a nivel de países que no desean supervisión en derechos humanos. Hay concepción errada de que se vulnera la soberanía al someterse a una corte interamericana cuando es en ejercicio de la soberanía que el Perú acepta ser objeto de control. Soberanía no es hacer lo que me da la gana sino también aceptar ser objeto de control”, dice el abogado constitucionalista Alberto Cruces, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal advierte: “Están pidiendo que el Perú salga de la Convención cuando el Gobierno tiene decenas de ejecuciones extrajudiciales y se violan derechos humanos básicos en medio de la crisis como la protesta. Varios crímenes contra líderes indígenas están impunes y operadores de justicia como el juez Jorge Salas, el fiscal José Domingo Pérez recurren al sistema internacional de justicia al igual que periodistas. Los problemas de seguridad ciudadana no se resuelven con pena de muerte. Salir del sistema es estar de acuerdo con la impunidad e indefensión de los peruanos”.

Pedro Grández, abogado constitucionalista: "Es una gran irresponsabilidad"

Pedro Grández, abogado constitucionalista y profesor de las universidades Católica (PUCP) y San Marcos (UNMSM) expresó lo siguiente:

Nuestro sistema jurídico está vinculado al sistema interamericano como una cuestión de política de Estado. No es un asunto del Poder Legislativo, no es asunto de leyes. El régimen de los derechos humanos es supranacional, de compromiso internacional del Estado peruano. Las iniciativas de ley pueden tener un escenario bastante reducido porque la política exterior está a cargo del Poder Ejecutivo, no es una competencia legislativa.

Además, es una gran irresponsabilidad. El Congreso más desprestigiado de todos los tiempos pretendería generar este papelón internacional al Estado peruano. Populistamente podrán hacer algo, llegar hasta cierto punto, pero ni tienen la fuerza ni el tiempo les alcanza para hacer tramite de denuncia y retiro de la Corte Interamericana. Si el Gobierno hace una alianza con el Congreso para intentar eso, será un paréntesis como fue el intento de Alberto Fujimori. Si a Dina Boluarte la persuaden de que por esta vía se libera de responsabilidades, sería engañada: estas ya se consumaron. La investigación demora, pero la responsabilidad política y la penal se establecerán sobre la base de compromisos que el Estado en este momento tiene. Sería hacer papelón internacional, generarnos responsabilidades y luego, cuando ya nadie se acuerda de estas autoridades, volveríamos al sistema interamericano.

Esto expresa mediocridad de la política, falta de iniciativas y mirada corta que tiene esta gente en que, como vemos, convergen izquierdas y derechas extremas nuevo. Diría que es un intento, no creo que tengan ni el tiempo ni la fuerza ni los argumentos para que se impongan. Podrán hacer algo en el Parlamento, pero eso trasciende a este y al Gobierno.