El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte emitió, el jueves 6 de julio, un decreto supremo que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de un presupuesto de S/12.259 millones de soles al Ministerio de Defensa, para que dicho monto se reparta a las Fuerzas Armadas (FF. AA.). El Semanario Hildebrandt en su Trece expuso esta norma en su última edición.
"Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por el importe de S/12.259.006, a favor del Ministerio de Defensa, para financiar las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas", se lee en la publicación del Diario El Peruano.
Tal como lo establecieron, el Ministerio de Defensa repartió el dinero y distribuyeron S/5 millones al Ejército Peruano, S/4,5 millones para la Marina de Guerra del Perú y S/2,7 millones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Decreto que autoriza transferencia al Ministerio de Defensa. Foto: El Peruano
El Semanario tuvo acceso a la declaración de dos funcionarios de alto rango del Mindef, que decidieron mantener su identidad en reserva, quienes revelaron que los fondos se destinarán a "vigilar y monitorear" a las personas que participen en las protestas del 19 de julio, denominada 'Tercera Toma de Lima'.
Además, se conoce que no existe ningún registro en los archivos de Diario El Peruano de un documento que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregar fondos a los militares con el propósito de "impulsar la reactivación económica del país".
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, hizo un llamado a las personas que planean participar en futuras manifestaciones y las instó a hacerlo de forma pacífica. Además, enfatizó la importancia de que las autoridades garanticen la seguridad de aquellos que no estén involucrados en dichas manifestaciones. Estas declaraciones se dieron como parte de las conclusiones y el pronunciamiento del Consejo de Estado al finalizar su reunión.
“Hacemos un llamado a los ciudadanos que quieren ejercer el derecho de reunión, manifestación y protesta de manera pacífica e invocamos a las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo”, dijo Otárola a la prensa desde Palacio de Gobierno.