Dina Boluarte se presentó en el Ministerio Público para ser interrogada en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso de la República. Durante esta jornada, la jefa de la Nación entregó las capturas legalizadas de los chats que tuvo con Alberto Otárola el 21 de diciembre de 2022, cuando este era ministro de Defensa, es decir, seis días después de conocerse el fallecimiento de 10 ciudadanos en Ayacucho por la represión policial.
De acuerdo con el semanario, las capturas fueron legalizadas en la notaría Lora Castañeda, en Villa María del Triunfo (VMT), dos días antes de la fecha del interrogatorio, pero no fue corroborado por la Fiscalía de la Nación, que no cuestionó la autenticidad de estas copias. “No le hicieron repreguntas, no le pidieron el teléfono y aceptaron que se acogiera al silencio ante las interrogantes que iba a formular el procurador general del Estado”, se lee en el informe de Américo Zambrano y Shanna Taco.
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Según H13, la presidenta Boluarte le indicó a Otárola, actual titular del Consejo de Ministros, que “se reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecidos y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”. Esta orden a pedido de la mandataria debía entregarse al general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La entrega de la orden fue confirmada por Albero Otárola, quien también entregó otro chat en el que se lee: “General, esto ha escrito la Sra. PR”.
Civiles fallecidos por protestas contra Dina Boluarte en Perú. Foto: Archivo GLR
La jefa de Estado solo habría presentado estos chats, según el semanario, como documentos probatorios de la inocencia de Dina Boluarte y Alberto Otárola en relación con las muertes en protestas contra su gestión. “Boluarte no mostró ningún documento oficial con órdenes claras que prohibieran a las fuerzas de seguridad el uso de armas letales contra manifestantes y civiles desarmados”, precisa el informe de H13.
Boluarte, durante el interrogatorio, aseguró que los lineamientos de su política de contención de protestas se hicieron de forma verbal en diciembre y enero. Sin embargo, el 9 de diciembre la fuerte represión policial dejó 18 personas asesinadas por armas de fuego.