Caso Manta: Ley de amnistía dejaría sin justicia a mujeres víctimas de violencia sexual y absolvería a ex militares
Proyecto de ley plantea la prescripción de procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio del año 2002. El predictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso de la República.
La aprobación del predictamen del proyecto de ley 6951/2023-CR “Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la legislación peruana” ha preocupado a Demus, organización que patrocina a un grupo de mujeres de la localidad de Manta, región Huancavelica, quienes fueron agredidas sexualmente por miembros del Ejército en los años 80, durante el conflicto armado interno.
La propuesta legislativa presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) indica que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002.
De aprobarse la norma exculparía a 13 ex militares del Ejército, procesados por delito de violencia sexual, y dejaría sin justicia a las 9 mujeres que decidieron denunciar lo que les ocurrió hace cuarenta años, cuando aún no habían llegado a la mayoría de edad.
“Buscan liberar de responsabilidad penal a los investigados o acusados de casos en curso, como el caso Manta, de violaciones sexuales cometidos por ex militares con respaldo institucional (1984-1991) y el de Esterilizaciones Forzadas (1995-2000) en el que está investigado Alejandro Aguinaga, quien es uno de los principales impulsores del proyecto de ley”, sostuvo la abogada Cynthia Silva, directora de Demus (Estudio para la defensa de los derechos de la mujer).
Agregó que las mujeres mantinas vieron alterados sus proyectos de vida y muchas de ellas fueron obligadas a llevar embarazos no deseados. También señaló que el delito cometido fue una estrategia de guerra que sometió los cuerpos de las mujeres de manera sistemática y generalizada.
“El mensaje que se les da a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado, en particular a las de los casos de violaciones sexuales, es nefasto porque luego de 20 años de la denuncia y transitar por el sistema de justicia padeciendo re victimización y estigmatización, a un paso de lograr una sentencia, puede declararse prescrito y quedar impune. Sería un grave retroceso que desconoce estándares de juzgamiento y condena de casos similares en Guatemala, como los de Sepur Zarco y mujeres Achi”, cuestionó la directora de Demus.
