El Congreso hoy puede perpetrar un quiebre democrático

Hoy, a partir de las tres de la tarde, el Pleno del Congreso debatirá la moción de orden del día impulsada, entre otros, por los legisladores Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular) que pretende destituir de manera inmediata a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Inés Tello y Guillermo Thornberry.

Hasta el cierre de esta edición, desde la JNJ no confirmaban si sus integrantes y sus abogados asistirían o no a la sesión. El propio Vásquez, en una entrevista con La República, reafirmó que esta iniciativa del Legislativo, de tener éxito, supondría un quiebre democrático.

Omar Cairo, abogado constitucionalista y representante de la magistrada Tello, indicó que la sesión de hoy y la eventual remoción parlamentaria de los miembros de la JNJ “no tendría ningún valor jurídico”.

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“El Congreso los estaría removiendo con un procedimiento inventado, no previsto en ninguna norma, que consiste en una sesión en la que se pretende oír a los miembros de la JNJ y en ese mismo momento destituirlos. Esa remoción no generará el deber de obediencia. Si el Gobierno le presta el apoyo de la fuerza pública para desalojar a los miembros de la JNJ de sus oficinas, se estará convirtiendo en una dictadura”, advirtió.

Para que la destitución proceda, se necesitan de 87 votos (mayoría calificada). El miércoles 69 congresistas votaron a favor de admitir a debate la moción. Hubo 17 abstenciones y 30 votos en contra.

Se entiende que esos 30 no cambiarán su posición. La clave entonces está en las abstenciones. En un Parlamento tan fragmentado y dado a las negociaciones de intereses, es muy complicado prever lo que pueda pasar hoy.

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El legislador Alejandro Muñante declaró que se venía conversando para explicar las razones de la moción, aunque a la vez reconoció que alcanzar un acuerdo era difícil.

Pero este Congreso ha demostrado que, a pesar de su aparente división interna, son capaces de arribar a consensos que favorezcan a sus agendas particulares. Ayer mismo se vio un ejemplo. Con 103 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones -y sin debate- el Pleno eligió como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a Pedro Hernández Chávez, alguien que no presentó toda la información requerida en las bases y que, por ese motivo, debió haber sido excluido en el proceso de selección.

Hay que recordar que la moción busca de nuevo la destitución de los magistrados de la JNJ, esta vez de manera inmediata. Ni siquiera están contemplados los diez días que, en la oportunidad anterior, se le brindó a la Comisión de Justicia para que haga una investigación y elabore un informe.

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Montoya y Muñante alegan en su moción que hay un conflicto de interés entre los integrantes de la Junta y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a pesar de lo cual se procedió con su suspensión. De acuerdo con la JNJ, la evaluación al respecto le corresponde exclusivamente al Pleno de la JNJ, según el artículo 17 de su Ley Orgánica, mas no al Congreso.

La moción también argumenta que el proceso disciplinario inmediato que la JNJ viene aplicando a Benavides no existe en su Ley Orgánica.

Sin embargo, la institución recuerda que este mecanismo sí está regulado en su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, que se encuentra vigente desde enero de 2020.

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El magistrado Vásquez afirmó en la entrevista con La República que hay al menos veinte personas a las que se les ha aplicado este proceso disciplinario inmediato. Benavides no es la primera.

En el proceso disciplinario inmediato lo que se hace es prescindir de una investigación preliminar, siempre y cuando existan indicios de la comisión de una falta grave.

En el caso de Benavides, estos fueron aportados por la investigación que derivó en el operativo Valkiria V y que terminó en la detención del exasesor de Benavides Jaime Villanueva, hoy convertido en colaborador eficaz.

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Proética: “Agresión a la democracia”

Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, se pronunció sobre el caso de la JNJ: “Se trata de un conflicto motivado por prejuicios ideológicos e intereses subalternos de sectores representados en el Parlamento, a quienes no les importan los actos imputados a Patricia Benavides, sustentados con evidencias”.

Hizo un llamado a la ciudadanía a “mantenerse vigilante frente a esta nueva agresión contra la democracia”.