Un Congreso sin votos y presionado posterga votación contra la Junta Nacional de Justicia
Golpe suspendido, por ahora. La sesión que había sido convocada para votar el informe que propone destituir a los miembros de la JNJ fue levantada sin que hubiera debate. El procurador del Legislativo apeló la decisión de la Tercera Sala Constitucional que otorgó una medida cautelar a los magistrados.
En solo unas horas, hubo un gran cambio en el ánimo en el Congreso.
Apenas se conoció la decisión de la Tercera Sala Constitucional de suspender la investigación en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la Junta de Portavoces, el ánimo general era el de continuar con el proceso de destitución de los magistrados. Eso fue el martes en la noche.
Pero el miércoles por la mañana, con una mayor reflexión y previa consulta a abogados, los congresistas se dieron cuenta de que llevaban las de perder y que, por esta vez, la JNJ les había ganado esta partida.
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Así, y pese a los tambores de guerra que algunos legisladores decidieron hacer sonar —entre ellos Patricia Chirinos y Rosselli Amuruz (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular)—, la posibilidad de tener que enfrentarse a consecuencias legales por incurrir en desacato derivó en que la sesión programada a partir de las dos de la tarde se terminara levantando y postergando, no se sabe para qué nueva fecha.
La razón que dio el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto, fue que los miembros de la JNJ habían mandado un oficio en el que señalaban que, siendo obedientes de las decisiones judiciales, ellos no asistirían al pleno a donde habían sido invitados para ejercer su defensa (leer documento).
“Los integrantes del Pleno de la Junta se encuentran impedidos legalmente de asistir a la citación que nos fuera cursada”, decía la carta que fue leída en el pleno y que venía firmada por Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Inés Tello, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
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Por cierto que la no presencia de los magistrados sonó más a una excusa de emergencia que otra cosa. Sobre todo cuando desde el martes se sabía que no iban a asistir. La propia JNJ emitió un comunicado público el martes en la noche en el que se adelantó que “los miembros del Pleno de la JNJ acatarán” la resolución de la Tercera Sala Constitucional.
Es más, un envalentonado Congreso, también el martes en la noche, anunció en un comunicado que la sesión plenaria continuaría de todas maneras.
¿Qué cambió entonces? Primero, la conciencia de que un desacato no es cosa de juego.
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Distintos especialistas de diversas tendencias advirtieron que las resoluciones judiciales se deben respetar, aunque no gusten. Alguien como el abogado César Nakazaki —muy lejos de ser considerado cercano a tendencias políticas a la izquierda o siquiera progresistas— lo escribió claramente en sus redes sociales: “Para que la sociedad peruana alcance el desarrollo, tiene que consolidar su organización como Estado constitucional, que significa, entre varios factores, el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En un país desarrollado, las decisiones de los jueces se cumplen”.
Rechazo. Ciudadanos llegaron al Congreso para protestar contra la arremetida institucional. Foto: Marco Cotrina/La República
No llegaban a los 87
Desde luego, otra razón para no poner al debate el informe de la Comisión de Justicia, aparte de las consecuencias legales a las que hubiese habido lugar, fue más de corte aritmético: no había manera de que se llegara a los 87 votos requeridos para mandar a los integrantes de la Junta a su casa.
De hecho, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, había adelantado que, desde su perspectiva, lo correcto debía ser apelar la decisión de la Tercera Sala Constitucional y no desconocer lo que esta había decidido. Hay que recordar que el líder de APP, César Acuña, había señalado que su partido no respaldaría la remoción.
Por su parte, Héctor Acuña Peralta (Unidad y Diálogo Parlamentario) había advertido que no asistiría al pleno en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial.
“Se vieron obligados a retroceder, pero la medida es temporal. Una mayoría del Congreso no va a parar hasta tener el control del sistema judicial y electoral. ¡Sigamos vigilantes para defender el Estado de derecho!”, advirtió Flor Pablo (no agrupada).
Por el momento no se conoce cuándo se intentará retomar este intento de captura institucional. Lo que se conoce es que, frente a la cautelar que favorece a la JNJ, el Legislativo decidió dar la batalla legal y su procurador presentó una apelación que deberá resolverse.
Defensor. Abad dice que la cautelar debe respetarse. Foto: Andina
Investigación inmediata
Precisamente, el Ministerio Público atendió el pedido de inmediato y abrió investigación preliminar contra los jueces que suspendieron el proceso de destitución a los miembros de la JNJ en el Congreso. El caso quedó en manos de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Miguel Ángel Vegas Vaccaro, designado en el cargo por Patricia Benavides.
Al respecto, el exprocurador César Azabache dijo que con ello se entra en otra infracción, pues “la Constitución prohíbe expresamente a todas las autoridades entrometerse en asuntos reservados a la jurisdicción. La Fiscalía está prohibida de investigar a magistrados que conocen una causa pendiente hasta que el proceso haya terminado”, precisó.
“En un Estado de derecho se respeta a los poderes”
El abogado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Samuel Abad, declaró que si bien el procurador del Congreso está facultado para presentar una impugnación a la decisión de la Tercera Sala Constitucional, esta no suspende la acción de la medida cautelar conocida el martes. “Si no cumplen los mandatos judiciales, sería grave. Un Estado de derecho se caracteriza por respetar a los poderes”, declaró en entrevista con Radio Nacional.
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Asimismo, Abad declaró a Radio Nacional que “en estos momentos” el país requiere de estabilidad política y democrática, por lo que consideró que es un error del Legislativo pretender tener un control sobre la JNJ.
La clave
Llamado. Amnistía Internacional reiteró “su preocupación por decisiones del Congreso que pueden impactar negativamente en el sistema de justicia en Perú” y en la protección de los derechos humanos.
Mensaje al Congreso
Oficio que los miembros de la JNJ enviaron para anunciar que no irían a la sesión en respeto a las decisiones judiciales.
