Advierten que ley aprobada en el Congreso perjudica lucha contra la corrupción
Golpe bajo. La procuradora Silvana Carrión dice que la norma que modifica la colaboración eficaz se encuentra “de espaldas a la realidad”. Exprocuradores también señalan que la consecuencia puede ser la impunidad. Piden que el Ejecutivo la observe.
La procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, ha advertido que la ley recientemente aprobada en el Congreso que modifica la institución de la colaboración eficaz, en realidad, la termina “limitando”. Es más, en declaraciones a RPP, señaló que la “ataca directamente”.
Hay dos elementos en la norma -que contó con 84 votos a favor- que han sido especialmente señalados por los problemas que podrían traer a la institución de la colaboración eficaz. El primero, que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz (o su denegación) se dará un plazo máximo de ocho meses. Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogarlo hasta por cuatro meses. Y, en el caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta de ocho meses. El segundo, la prohibición de corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con las declaraciones de otros aspirantes al mismo beneficio.
Carrión dijo en RPP: “Definitivamente, ataca directamente a la institución de la colaboración eficaz. El principal cambio que trae es el asunto del plazo corto que ha impuesto para los procesos, pero este plazo está de espaldas a como se vienen aplicando. De espaldas a la realidad”.
Advirtió, además, que esta norma va a impactar a más de 50 procesos. Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado señaló que la ley aprobada en el Parlamento “desnaturaliza el espíritu de la colaboración eficaz”. En ese sentido, comentó que esta figura ya se encuentra lo “suficientemente legislada” en el Código Procesal Penal.
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Pero Maldonado va más allá de los cambios normativos y llama la atención sobre las implicancias políticas. “El texto es oscuro. Hay una redacción confusa. Hay que leer entre líneas para ver lo que se quiere decir y eso obedece a una intención poco transparente. La discusión ni siquiera debiera ser normativa. La discusión en realidad es sobre política criminal”, dijo.
Congreso y corrupción
En ese sentido, cuestionó que un Congreso “con líderes investigados que reproducen esquemas de corrupción” se atreva “a imponer una reforma a un instrumento que, hasta el día de hoy, con sus altibajos y bemoles, está funcionando”.
Sostuvo que los efectos “van a ser muy serios, por supuesto que retroactivos”. Maldonado indicó, también, que esta ley no puede ser analizada en solitario, “como si fuera un disparo al aire”, sino que hay que entenderla como parte de un contexto en el que se está llevando adelante una “captura institucional”, con avances de posiciones conservadoras, amenazas de denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, “un retroceso en el fortalecimiento del Estado de derecho”.
Voz. Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, anota que ley afecta procesos de colaboración eficaz en este caso. Foto: Antonio Melgarejo/La República
“Esto se empezó a debatir en enero de 2022 con la congresista Gladys Echaíz siendo presidenta de la Comisión de Justicia. Ella sabe, Echaíz, a dónde se está apuntando y su partido también”, afirmó Maldonado.
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Por cierto, cabe recordar que la intención de modificar la ley de colaboración eficaz viene desde el año pasado. Entonces, mediante pronunciamiento, los fiscales del caso Lava Jato señalaron que tal reforma “afectará gravemente la averiguación de la verdad en los casos de gran corrupción y lavado de activos en organizaciones criminales”.
La iniciativa fue archivada en octubre de 2022. Sin embargo, la Comisión de Justicia, esta vez presidida por Américo Gonza (Perú Libre), pidió una reconsideración que fue aceptada. El debate se reabrió con las consecuencias conocidas.
Por su parte, el también exprocurador César Azabache coincidió en que la ley votada en el Pleno tiene “dos reglas principales”: la que reduce a ocho meses el plazo para la celebración del acuerdo de colaboración y la prohibición de usar otras declaraciones para confirmar la de un aspirante a colaborador.
“La cuestión de los plazos es absolutamente relativa. Los afectados por las demoras de las fiscalías son los colaboradores, no los terceros imputados, de modo que diga lo que diga la ley, nadie podrá impedir que un solicitante y un fiscal decidan usar un plazo más largo que los ocho meses”, señaló.
Más bien, Azabache sí observa un problema “grave” en que la nueva ley le prohíba a un juez o jueza “estimar como confirmado un hecho si es que le convencen las declaraciones de más de un delator”.
“Estimar cuando un caso está probado es trabajo de los jueces, no del Congreso. En ese extremo, el que prohíbe usar las pruebas de determinada forma, esta ley es inconstitucional. En el otro extremo, el del plazo, es una ley inútil”, agregó.
¿Se observará?
Al haber sido exonerada de una segunda votación, lo que viene ahora es que la autógrafa sea enviada desde el Legislativo al Ejecutivo para su promulgación. Es verdad que este último podría observarla, aunque no es seguro que lo haga porque, como muchos observadores de la actualidad han precisado, ambos poderes se encuentran en una situación de cómoda convivencia. Y, así se hicieran observaciones, siempre cabe la opción de que el Congreso apruebe la ley por insistencia.
En todo caso, para Maldonado, el Ejecutivo tiene “la obligación jurídica y ética” de observar la ley. “El Estado peruano tiene obligaciones internacionales en materia de la lucha contra la corrupción”, dijo.
Otro exprocurador, Luis Vargas Valdivia, se pronunció a favor de que la reforma sea observada: “Además, hay que advertir a la ciudadanía que esto es un paso más tendiente a entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada. Esto no es un error, es una intentona más para acabar con esas investigaciones, de gente interesada en buscar impunidad. Hay varios congresistas que están en investigación y que están involucrados gracias a declaraciones de colaboradores eficaces. Claro, lo que se busca con dar estos plazos es evitar que se corrobore esa información y, por lo tanto, lograr que haya impunidad”.
Competencia. Dina Boluarte podría observar la norma. Foto: difusión
No es gratuito el alto número de votos que consiguió esta ley. Si se revisa cómo fue la votación, queda en evidencia que se pronunciaron a favor de ella bancadas cuyos miembros están siendo investigados, precisamente, con la ayuda de colaboraciones eficaces (ahí está el caso Los Niños).
Y, también, hubo un importante respaldo desde Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori atraviesa un trance similar.
Vargas Valdivia: “Se busca evitar llegar a la verdad”
El exprocurador Luis Vargas Valdivia advirtió que la ley que modifica la colaboración eficaz “busca entorpecerla”: “No entiendo cómo el Congreso y el Gobierno se rasgan las vestiduras diciendo que ellos están dando la lucha frontal contra la corrupción y afectan al principal instrumento con el que contamos desde el año 2001 y que ha permitido que el Perú se distinga en América respecto a los demás países en la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada”.
Vargas Valdivia dijo que el plazo fijado de ocho meses para cerrar un acuerdo de colaboración traerá como consecuencia “la imposibilidad de la Fiscalía de poder seguir llevando adelante las diligencias de verificación”.
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“(La norma) ataca directamente a la institución de la colaboración eficaz”, señaló la procuradora Carrión. El Ejecutivo puede observar la norma y son varios los que lo han pedido. Otra cosa es que lo quiera hacer.
Claves
Solicitud. Daniel Soria, procurador general, le pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la ley que limita la colaboración eficaz.
Razones. Según dijo Soria, estaría en peligro la eficacia y el éxito de este instrumento, y la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano.
Oportunidad. Keiko Fujimori resultaría beneficiada. Foto: difusión
Reacciones
César Azabache, exprocurador
“Estimar cuando un caso está probado es trabajo de los jueces, no del Congreso. En ese extremo, el que prohíbe usar las pruebas en determinada forma, esta ley es simplemente inconstitucional”.
Luis Vargas Valdivia, exprocurador
“Acá lo que se busca es entorpecer este instrumento para llegar a la verdad y afectar los principales procesos en giro, como Los Cuellos Blancos. Habría que preguntarse quiénes se benefician con esto”.
Antonio Maldonado, exprocurador
“El texto es oscuro. Hay que leer entre líneas para ver lo que se quiere decir, y eso obedece a una intención poco transparente. La discusión ni siquiera debiera ser normativa, es sobre política criminal”.
