Por versiones de un colaborador eficaz que declaró haberles cobrado una suma de dinero para garantizar su ascenso, ayer se detuvo preliminarmente y por diez días a tres generales de la policía y se intervino la casa y la oficina de un exministro de Defensa.
Este caso corresponde a una investigación que realiza el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto. La colaboración eficaz correspondería a la del ex secretario general de la Presidencia de la República Bruno Pacheco. Este ha dado detalles de los pagos irregulares que habrían realizado seis jefes policiales a fin de asegurar sus ascensos.
Según el aspirante a colaborador, Pacheco les pidió este pago a nombre del expresidente golpista Pedro Castillo. El oficial que pagaba obtenía el ascenso, mientras que el que se resistía al chantaje quedaba de lado. El caso fue expuesto, en primer lugar, por dos presuntos agraviados de las prebendas para lograr mejores posiciones en el escalafón de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Hay algunas cosas que parecen, sin embargo, estar mal en el trabajo fiscal. Los aspirantes a colaboradores eficaces obtienen beneficios, a la sola mención de haber cometido un presunto delito. Así, no reciben ninguna sanción pese a declarar su participación activa en dicho delito y, además, como parece ser este caso, ser ellos mismos los que lo generaron.
Incluso se ha visto a aspirantes a colaboradores eficaces que saltan de un caso a otro, ofreciendo sus servicios a fiscales anhelosos de testimonios inculpadores.
En el Perú, a diferencia de otros países como Italia y EE. UU., las normas que rigen el proceso de colaboración eficaz se flexibilizaron y han terminado favoreciendo a los cabecillas de una organización criminal. Hay colaboraciones en cadena y en masa, de tal manera que los principales involucrados se pueden salvar, al tener siempre alguien a quien delatar.
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El caso de los jefes policiales nos ubica precisamente en este abuso de la figura de la colaboración. Pacheco ha inculpado a varios jefes policiales que estaban sometidos a un chantaje. El ascenso es parte de su expectativa profesional y de vida, pero se les exigió dinero para lograrlo. Al aceptar el pago, cometieron un delito, pero al que exigió el pago se le exculpa de todo.
La justicia no puede admitir que quien tenía todas las prerrogativas del poder en el ejercicio de sus funciones, ahora mediante la colaboración eficaz, quede impune. Es una práctica que requiere revisarse y actualizarse para evitar el abuso de una ley que se dispuso para sancionar la corrupción, no para protegerla.
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