Congreso: van dos blindajes en Comisión de Ética por casos de recorte de sueldos
Mano blanda. Congresistas redujeron la propuesta de sanción de suspensión por 120 días a solo una amonestación y 30 días multa contra Magaly Ruiz (APP) y Heidy Juárez (PP). Ambos casos sientan precedente negativo con investigaciones deficientes.
La Comisión de Ética del Congreso ya sentó precedente de mano blanda y sanciones leves para los legisladores denunciados por recorte de sueldo. Los informes finales de los dos primeros casos contemplaban propuestas de suspensión por 120 días, pero los parlamentarios las cambiaron y redujeron a simples amonestaciones y el pago de 30 días multa. Ambos casos fueron investigados en forma deficiente y ahora servirán como referencia para los otros siete procesos en curso.
Ayer, el grupo de Ética volvió a someter a votación el informe final elaborado sobre la legisladora Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso (APP), luego de que el viernes no prosperara su aprobación. La mayoría de los integrantes de la comisión la blindó, votando en contra y en abstención. Es decir, rechazaron la propuesta de suspensión por el periodo de 120 días.
Debido a que eran más las abstenciones, el caso tenía que volver a ser votado. Ayer, legisladores de la bancada APP se presentaron en la Comisión de Ética dispuestos a defender a su colega Magaly Ruiz para que no reciba la sanción de suspensión.
Fue así que Nelcy Heidinger leyó una propuesta distinta para que la sanción sea solo de amonestación escrita y 30 días multa. También reforzó este planteamiento el legislador Eduardo Salhuana, quien acudió a la sesión de forma presencial, a pesar de no ser miembro titular de la Comisión de Ética.
Así, la propuesta de sanción más leve recibió el respaldo de la mayoría de los congresistas: nueve votos a favor de esta forma de blindaje, mientras que solo cinco votaron en contra.
Uno de los argumentos fue la falta de pruebas que vinculen a Magaly Ruiz con los hechos. Esta legisladora presentó un video el viernes, en el que expone a la trabajadora Cecilia Vásquez, quien ofreció una entrevista a un medio de Trujillo negando prácticas de recorte de sueldos.
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Sin embargo, esta servidora envió mensajes a Magaly Ruiz, vía WhatsApp, en los que le expresa su incomodidad por haber mentido en dicha entrevista. Es decir, emplaza a la legisladora y esta nunca responde ni niega las prácticas de recorte. Esto no fue valorado por la comisión.
El primer precedente
Otro criterio tomado en cuenta para el blindaje a Magaly Ruiz fue el precedente que ya había adoptado el viernes pasado, cuando la Comisión de Ética aprobó el informe contra Heidy Juárez. El documento incluía una propuesta de suspensión por 120 días, pero aquí se hizo el primer cambio para reducir la sanción solo a amonestación.
La misma legisladora Heidy Juárez se mostró entusiasta con esta reducción de la sanción, al insistir en la intervención de quien hacía la propuesta, la legisladora Kelly Portalatino.
En este caso, el argumento fue que no se había demostrado la vinculación de Heidy Juárez en los hechos de recorte de sueldos. Esta fue la narrativa de la mayoría de parlamentarios. Hubo una voz que pidió una prueba en la que se vea a la legisladora recibiendo el dinero.
Pero en este caso la comisión que preside Karol Paredes tampoco cumplió una investigación prolija. Por ejemplo, no ahondó en la identificación y corroboración de información, respecto a los chats de los trabajadores que publicó el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Los miembros de la comisión también decidieron pasar por alto el testimonio relatado sobre una reunión del 4 de abril del 2022, cuando la legisladora Heidy Juárez informa tener conocimiento de la iniciativa de su asesor Miguel Chafloque Domínguez para recaudar dinero de los asesores para la campaña electoral de su padre e incluso expresa que estaba agradecida.
Los legisladores tampoco tomaron en cuenta las conversaciones de Heidy Juárez, en las que solicita a un trabajador de su despacho realizar tareas de media training para la campaña electoral. La legisladora niega esta gestión, pero las capturas de pantalla la desmienten.
El procedimiento deficiente de la investigación y las audiencias, además de la votación con tendencia al blindaje en estos dos primeros casos, ya se convierten en precedente para los siguientes casos. Es más, en estos dos primeros procesos los legisladores también decidieron, por mayoría, retirar las propuestas de remitir los informes al Ministerio Público.
Infografía - La República
Postergan audiencia de María Cordero
La Comisión de Ética tenía previsto iniciar ayer la audiencia en el caso de María Cordero Jon Tay, también por recorte de sueldo. Esta legisladora elegida por el fujimorismo es recordada por la frase “vamos al cajero de una vez”, tal como puso en evidencia el programa ‘Punto final’.
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La audiencia no fue posible, debido a que la congresista presentó un certificado médico para una licencia hasta el 16 de este mes.
Ayer el grupo de trabajo aprobó dos nuevos informes de calificación para avanzar con las investigaciones por recorte de sueldo contra los congresistas José Arriola e Hilda Portero, ambos representantes del partido Acción Popular.