Marleny Portero niega ser una ‘mochasueldos’ y se escuda en donaciones, pero también están prohibidas

A diferencia de los otros seis ‘mochasueldos’ del actual Congreso de la República, la denuncia contra la acciopopulista Marleny Portero no recoge vouchers de pagos o transferencias, tampoco la confesión —de una denunciante— de entrega de plata en mano. En este caso, la modalidad para apropiarse presuntamente de parte del sueldo de sus trabajadores fue otra, la de las donaciones de sillas de ruedas. La legisladora se escuda en ello, asegura que todo fue de buena fe, pero incluso las donaciones están reglamentadas en el Poder Legislativo y lo ocurrido configura —cuanto menos— una infracción al Código de Ética Parlamentaria.

Primero, agotando la defensa en las supuestas donaciones, el Código de Ética Parlamentaria, en el artículo 7 del Capítulo V, las prohíbe con el siguiente texto: “El congresista debe dar cuenta de los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones y está prohibido de recibir donaciones; debe restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para que solamente sirvan a la función parlamentaria”.

Consultado el tema con un experto en temas parlamentarios, este sostuvo que el Reglamento del Congreso es claro en este aspecto y que lo que corresponde sería el inicio de una investigación de oficio a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual es presidida por la también acciopopulista Karol Paredes.

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Al respecto, Paredes Fonseca, titular de Ética, se pronunció este lunes 8 sobre la denuncia periodística contra su compañera de bancada (Acción Popular), pero no precisó si se verá una investigación de oficio. “Estas personas hacen quedar mal al Congreso, al partido y al país”, se limitó a decir en declaraciones a Nativa.

Por su parte, el abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi señaló a La República que desde el caso Michael Urtecho, quien fue desaforado del Parlamento en el 2013 por recortar el sueldo de sus trabajadores, se ha venido perfeccionado la técnica para que malos ‘padres de la patria’ se apropien de un porcentaje del sueldo de los trabajadores de su despacho.

“Es el mismo discurso del congresista al que le encontraron dinero bajo su colchón (José Arriola Tueros, también sindicado como ‘mochasueldos’), es el mismo argumento: les descontaba a sus trabajadores con una declaración jurada tipeada por él. Ese es un argumento falaz. Desde el caso Michael Urtecho de recorte de sueldos de hace 10 años atrás, la modalidad se quiere perfeccionar”, explicó.

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En este sentido, Rospigliosi señala que un trabajador es un subordinado y la presión ejercida sobre él al solicitársele una “colaboración”, el pago mensual de parte de su remuneración o un donativo es una manera de coaccionarlo porque siente que su puesto de trabajo está en juego: “Lo entregas o te vas a la calle, lo tomas o lo dejas”, ejemplificó.

También podría abrirse una investigación fiscal contra Marleny Portero

El Ministerio Público ha seguido una línea de investigación en lo que respecta a los casos de ‘mochasueldos’ en el Congreso de la República. Siempre que abrió una indagación preliminar lo hizo por el presunto delito de concusión. Así ocurrió con Heidy Juárez, Magaly Ruiz, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay. Contra José Arriola solo hay —hasta el momento— una denuncia desde la Procuraduría.

“También puede ser un delito penal. Aquí estamos hablando de un hecho que tiene dos aristas: una infracción administrativa que la Comisión de Ética puede ver, pero también puede ser materia de una denuncia constitucional por un delito penal de concusión porque los trabajadores, siendo subordinados al congresista, se ven presionados a donar su dinero para que la parlamentaria haga un proselitismo personal. Ellos son subordinados y se ven presionados para dar ese dinero. Ahí está el ilícito penal”, comentó Rospigliosi.

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Finalmente, el experto mencionó que se podría evaluar un concurso de delitos y añadir al de concusión enriquecimiento ilícito, cobro indebido y peculado. Finalmente, dependerá de la voluntad política que exista en el mismo Parlamento para sancionar estos casos y la seriedad con la que la Fiscalía de la Nación afronte las investigaciones.