José Arriola: ¿por qué delitos se puede investigar al nuevo congresista ‘mocha sueldos’?
Acciopopulista, a quien semanas atrás se le encontró US$71.000 y S/33.570 debajo de su colchón durante un operativo de la Diviac, se convirtió en el sexto congresista en ser acusado de apropiarse de parte del sueldo de sus trabajadores.
A la larga lista de ‘mocha sueldos’ del actual Congreso de la República se sumó —el último domingo 30 de abril— el parlamentario José Arriola Tueros, de Acción Popular. De acuerdo a la denuncia presentada por 'Cuarto poder', el legislador le recortaba el sueldo a sus trabajadores bajo la modalidad de una declaración jurada, la cual era firmada por las víctimas —con rúbrica y huella— para “justificar” la entrega de un porcentaje de su remuneración para una supuesta labor social que brindaría el acciopopulista.
"Yo, Carlos Franco Valenzuela Abanto, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre – sin ningún tipo de coerción— dispondré un aporte económico solidario por el monto de S/1.323,00 para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza", dice una de las declaraciones juradas que mostró José Arriola para defenderse de la denuncia.
Este no sería el único caso, también se reportó el recorte de sueldos a otros trabajadores de este despacho congresal. Entre los afectados se encuentran Mario García Quispe (técnico), Fernando Portal Obregón (auxiliar), Óscar Terán Chinguel (asistente) y Carmelo Zaira Rojas (asesor).
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A fines de marzo, solo un mes antes de que se destapara la denuncia, la Fiscalía de Anticorrupción, junto con personal de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, encontró —en el marco de un operativo por el caso Los Niños— US$71.000 (dentro de una mochila, en la habitación de su hijo) y S/33.570 (debajo del colchón de Arriola Tueros) en la vivienda del congresista, ubicada en la calle Sacsayhuamán 111 de la urbanización Salamanca de Monterrico, en el distrito de Ate Vitarte. En su defensa, el parlamentario señaló que el dinero es producto de sus ahorros de 40 años de trabajo en el Estado.
‘Mocha sueldos’ investigados por concusión
El Ministerio Público abrió rápidamente investigaciones preliminares contra las congresistas acusadas por recorte de sueldo a sus trabajadores. Heidy Juárez, Magaly Ruiz, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay tienen procesos fiscales abiertos por el presunto delito de concusión, el cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal. Este mismo camino sería el que adoptaría la Fiscalía con el acciopopulista.
“Concusión. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años”, se lee en el Código Penal.
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De ser encontrado culpable, el delito de concusión está penado con cárcel de dos a ocho años. Ahora, una fuente experta en derecho penal explicó a La República que la Fiscalía también debería abrir investigación contra los ‘mocha sueldos’, en este caso José Arriola, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contemplado en el artículo 401° del Código Penal, el cual está penado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
“Lo que debería hacer la Fiscalía, para el caso de estos congresistas que solicitan este tipo de pedidos indebidos, es abrir una investigación por enriquecimiento ilícito porque ellos están solicitando unos dineros por el cual están incrementando su patrimonio de manera indebida”, explicó.
Finalmente, en el plano político, todas las congresistas acusadas por el presunto recorte de sueldos se encuentran en la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida actualmente por Karol Paredes, de la cual debería emitirse una recomendación de suspensión de labores sin goce de haber por 120 días. Así también estos casos llegaron ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de la apepista Lady Camones, la cual —antes de que acabe el mes de mayo— debería emitir un informe sobre el caso de ‘las mocha sueldos’. En esta instancia se les podría inhabilitar hasta por 10 años para la función pública, lo que generaría que pierdan sus curules y sean reemplazadas por sus accesitarios. Este sería el mismo camino que podría seguir el caso de José Arriola Tueros de no haber ánimos de blindaje entre los llamados ‘padres de la patria’.
