La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
La decisión fue adoptada con 19 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Ahora, la subcomisión deberá delegar a un congresista integrante de dicho grupo de trabajo la investigación que también implica a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
El parlamentario será responsable de elaborar el informe de determinación de hechos y el documento final, cuya conclusión puede ser: acusar a los investigados por antejuicio o juicio político, o archivar la denuncia constitucional.
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En la sesión de la Comisión Permanente de este jueves, el presidente del Congreso, José Williams, dispuso que el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria sea devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para “los fines pertinentes”.
Ello, pese a que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del informe de calificación y el informe final de la referida denuncia contra el mandatario por “vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”.