Rutas. El presidente Pedro Castillo está a la víspera de las denuncias constitucionales en su contra que viene evaluando la Subcomisión de Acusaciones del Congreso. La última presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien imputa al mandatario los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Pedro Castillo acumula 13 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones. La primera fue presentada en octubre del 2021 por el exmagistrado del TC Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien culpó al mandatario —y a la vicepresidenta Dina Boluarte— de cometer los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica e ideológica, fraude procesal y genocidio.
En febrero de este año, Castillo fue denunciado en la Subcomisión de Acusaciones por las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos (ambas de Avanza País). Una, por el presunto delito de traición a la patria a raíz de las declaraciones que dio a la cadena CNN para una eventual salida al mar de Bolivia. Otra, por infringir artículos de la Constitución en los casos Karelim López, Gabinete en las Sombras, ascensos de las FF. AA. y traición a la patria.
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Este mes, Pedro Castillo aglomera otras dos denuncias constitucionales. El legislador Edward Málaga inició la acusación por el presunto uso indebido del avión presidencial y posible encubrimiento de un prófugo de la justicia, en relación con el supuesto viaje de su sobrino Fray Vásquez a la ciudad Chiclayo.
Por otro lado, el Ministerio Público dirigió la última denuncia en la Subcomisión de Acusaciones contra Castillo, con base en los casos conocidos como MTC-Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
La denuncia constitucional deberá seguir el proceso establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Aquí se precisa que los legisladores, el fiscal de la Nación y cualquier persona que se considere agraviada “puede presentar una denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado”.
Esta deberá calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales, así como realizar la investigación en los procesos de acusación.
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Esta admisibilidad podría darse con la prioridad que tenga la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones con el equipo técnico, tal como explica Luis Roel Alva, extitular del grupo parlamentario en el periodo 2020-2021.
“De acuerdo a esa priorización, tienen todavía que armar y revisar si la denuncia constitucional cumple con los requisitos de admisión y procedencia”, manifestó a esta redacción.
Lady Camones
En efecto, la Subcomisión de Acusaciones tendrá 10 días hábiles para calificarlas y revisar que se cumplan con los requisitos dados por el Reglamento del Congreso, la cual señala que “las denuncias que son calificadas como improcedentes se remitirán al archivo”.
No obstante, en el caso de la denuncia presentada por la Fiscalía contra Pedro Castillo, sí cumpliría con el requisito previo para iniciar la elaboración del informe técnico una vez que la Subcomisión la haya calificado hasta el 28 de octubre.
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Lady Camones, actual titular de la Subcomisión de Acusaciones, declaró en Canal N que, si la denuncia se declara procedente, pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. En ese sentido, estimó que dicha imputación, de la Fiscalía contra Castillo Terrones, se estaría viendo en el Pleno en un plazo de dos a tres meses.
Fuentes de este diario precisaron que el trámite de una denuncia constitucional no demora menos de 10 semanas. Sin embargo, esto sería relativo, puesto que no solo depende de la prioridad que tendrá la Subcomisión de Acusaciones, sino también “de los plazos adicionales y de las citaciones a implicados, testigos y especialistas que se den en el proceso”.
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Para Luis Roel, los casos de denuncias contra presidentes “siempre dependerá de la voluntad política” de la Subcomisión de Acusaciones, así como de la Mesa Directiva, que tiene la agenda de la Comisión Permanente.
Luis Roel Alva
Al contrario de Camones, Roel Alva, quien estuvo en la Subcomisión de Acusaciones cuando denunciaron al expresidente Martín Vizcarra, argumentó que: “No se puede estimar un plazo”.
“En la denuncia contra el presidente (Pedro Castillo) dependerá de la voluntad política. Hay plazos legales, inclusive como sucede en los procesos judiciales. Depende mucho de quienes dirigen las agendas”, acotó a La República.
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En el caso de la vacancia presidencial, este procedimiento, previsto en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política (incapacidad moral permanente), inicia con la presentación de una moción de orden del día.
Esta debe estar firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas (26). Asimismo, debe fundamentar los motivos por los cuales se pide que el presidente de la República deje su cargo.
Expertos en temas legislativos consultados por este diario señalaron que, en el caso de la moción de vacancia, “tiene que tramitarse cuando lo presentan porque no hay plazos”. De acuerdo al artículo 89-A: “Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción en la agenda” por lo que, una vez que se presente, tiene que debatirse.
El parlamentario —no agrupado— Edward Málaga aseguró que ya tiene 100 páginas de documentación para presentar la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo en el Congreso.
En declaraciones a “Cuarto poder”, Málaga Trillo contó que dichos documentos se estarían preparando con el agregado de la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides.
“La vacancia ya es un mecanismo que se ha utilizado antes por mucho menos, que ya tiene precedentes y que, ahora, con la información que nos ha entregado la fiscal (Patricia Benavides), está reforzada y fuera de dudas. Acá tenemos 100 páginas, y con los sustentos 500 páginas más”, aseveró el último domingo.
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Según el reglamento, los legisladores primero evalúan si la moción de vacancia presidencial procede o no. Luego de ello, se somete a voto la admisión del pedido. Para su aprobación, se necesitan 52 votos. De no obtenerlos, esta solicitud se archiva.
En caso de que se consigan los votos, la vacancia presidencial continúa y se citaría a Pedro Castillo al hemiciclo para que se defienda días después de la admisión del pedido.
“La incapacidad moral permanente del presidente Castillo, como concepto, está demostrada. Ya no cabe dudas al respecto, la pregunta es: ¿qué mecanismos vamos a utilizar? Se habla de la suspensión, pero tiene que ser reglamentada”, agregó Málaga.
Para que la moción de vacancia sea admitida, se requiere el respaldo de 87 parlamentarios. Hasta la fecha, el Pleno no alcanzó dicho número contra Pedro Castillo.
El primer intento para destituir al mandatario logró 46 votos y el segundo 55. Si la tendencia continúa, se manda al archivo. Caso contrario, se emite una resolución legislativa, que se envía al jefe de Estado y la PCM.