Perú Libre consiguió la mayor victoria en su historia partidaria el 6 de junio de 2021, cuando ganó las elecciones presidenciales de la mano del profesor rural Pedro Castillo. Semanas atrás, el 11 de abril del mismo año, logró convertirse —durante la primera vuelta— en la principal fuerza política dentro del Congreso de la República, al adueñarse de 37 curules para el periodo legislativo 2021-2026, lo que le permitió acceder al monto más alto por concepto de financiamiento público directo con dinero de la ONPE, es decir, con dinero del Estado.
La posición privilegiada de Perú Libre, tras la primera vuelta electoral del 2021, le permitió acceder al monto de S/ 10 756 396 por concepto de financiamiento público directo entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Un monto contemplado por la Ley de Organizaciones Políticas para que sea empleado en el fortalecimiento de los partidos políticos y su correcto desempeño en los procesos electorales.
La República se comunicó con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, quien señaló que el monto designado para cada agrupación con representación parlamentaria se calcula según la cantidad de votos obtenidos durante la contienda electoral: “La Ley de Organizaciones Políticas no dice que el fondo se distribuye por escaño. Lo que establece es que el fondo se calcula a partir de cada voto obtenido para el Congreso. Es decir, los votos obtenidos por cada partido en el 2021 en la elección congresal”.
Es así que, a Perú Libre, tras ser la agrupación más votada, se le asignó el monto mayor para el periodo 2021-2026. Por delante de agrupaciones como Fuerza Popular (S/ 9 575 305), Renovación Popular (S/ 8 432 687), Acción Popular (8 255 716), Alianza para el Progreso (S/ 7 414 142) y Avanza País (7 411 307); siendo estas las que más recaudan.
Con parte del dinero recibido de la ONPE, Perú Libre financia un sueldo de S/ 12,500 mensuales para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. Ante este tipo de uso del dinero proveniente del financiamiento público directo, Piero Corvetto, jefe de la entidad electoral, anunció que la institución iniciará con “las investigaciones previas” a los partidos políticos que habrían usado fondos públicos para pagar consultoras de media training y cubrir sueldos de sus presidentes.
Tras la renuncia de José María Balcázar a Perú Libre en junio del 2022, y al éxodo previo de un buen grupo de parlamentarios perulibristas, la bancada del partido de Vladimir Cerrón se redujo de 37 a solo 16 congresistas. Solo en un año, la bancada oficialista perdió el estatus de la mayor fuerza política dentro del Parlamento para dejarle ese rótulo a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.
Ante esta reducción en la representación parlamentaria de Perú Libre, Iván Lanegra explica que la Ley de Organizaciones Políticas no contempla una reducción en el dinero que deben recibir como agrupación: “No es un fondo para los congresistas, sino para los partidos. Lo que hay que generar son incentivos para que los parlamentarios no puedan dejar el partido sin costo político”.
Finalmente, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia señala que una forma de buscar una solución es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en coordinación con el JNE y la Reniec, prepare un proyecto de ley al respecto para introducir algunos cambios: “Primero, establecer que el fondo debe manejarse bajo reglas similares a las que tienen las entidades públicas al manejar dinero del tesoro público. Segundo, establecer que los fondos deben entregarse bajo compromisos sustantivos que muestren un fortalecimiento partidario. Y dejar a la ONPE la reglamentación de estas normas. Finalmente, hay que dar recursos a la ONPE para fortalecer la fiscalización de los fondos”.