Congreso: una primera legislatura llena de leyes antirreforma y obstrucción

Ayer la congresista de Acción Popular (AP) María del Carmen Alva dejó la presidencia del Congreso, sin ningún mea culpa de las contrarreformas aprobadas en su gestión. Más bien, Alva las defendió. “Es importante insistir en no dejar que la agenda política de nuestro país se resuelva desde el ruido político de las redes sociales y de un sector de la prensa, donde pareciera a veces que solo unos cuantos tienen la verdad absoluta”, despotricó Alva en su discurso de despedida.

“Quieren desbaratar incluso los procedimientos constitucionales que respaldan las atribuciones parlamentarias”, agregó.

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La gestión de Alva, de hecho, no comenzó bien. Tuvo, en principio, gestos de confrontación: no recibió personalmente la banda presidencial del presidente Francisco Sagasti y esquivó el saludo del mandatario Pedro Castillo en la primera visita que este hizo al Palacio Legislativo.

Además, en el periodo de la acciopopulista, el Congreso dio luz verde a 11 contrarreformas —constitucionales, electorales y universitarias—, a la creación de una innecesaria comisión investigadora de las elecciones 2021, y se desacataron fallos judiciales que ordenaban al Parlamento a no continuar con la elección del defensor del Pueblo, por falta de transparencia, y a no promulgar la ley que modifica la composición del Consejo Directivo de la Sunedu.

Todo esto fue posible gracias también a las bancadas aliadas y los presidentes de comisiones claves para que las fuerzas políticas logren sus cometidos.

La fujimorista Patricia Juárez presidió la Comisión de Constitución. Desde ahí nacieron controversiales leyes como la que impide al Ejecutivo hacer cuestión de confianza para salvar de la censura a sus ministros, la eliminación del referéndum para reformas constitucionales, el archivamiento exprés de la propuesta de asamblea constituyente, normas que buscaron modificar el calendario electoral para que haya elecciones internas complementarias y se favorezca la inscripción de precandidatos fuera de fecha para las Elecciones Municipales y Regionales 2022, y el dictamen exprés de retorno a la bicameralidad y reelección congresal que pretendió habilitar que se acuse constitucionalmente a los titulares de los organismos electorales.

Juárez solo fracasó en su proyecto de bicameralidad. Lo demás recibió el apoyo de los aliados del fujimorismo.

La ley que elimina el referéndum para reformas constitucionales se encuentra en litigio ante el Tribunal Constitucional. Fue este Congreso el que eligió a los nuevos magistrados de dicha institución, gracias a una alianza entre el oficialismo y la oposición, en un proceso cuestionado por la falta de transparencia en el concurso público.

En este periodo, la oposición radical también persistió con la tesis de fraude electoral. El vocero de Renovación Popular Jorge Montoya presidió la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021. Esta comisión nació irregularmente porque no había alcanzado los 46 votos a favor que exige el reglamento congresal. José Arriola, de Acción Popular, uno de los congresistas que habían votado a favor por error, pidió cambiar el sentido de su decisión. Sin embargo, la Mesa Directiva de Alva no le hizo caso. Finalmente, el caso de Arriola pasó a manos de la Comisión de Constitución.

La comisión de Juárez nunca resolvió este dilema. El grupo de Montoya trabajó sin obstáculos y gastó S/200.000. Pese a los recursos desplegados, el informe final del portavoz de Renovación Popular no pudo demostrar que hubo irregularidades en las elecciones del año pasado. El Pleno terminó rechazando su dictamen. Un fracaso.

Asimismo, hubo blindajes. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la apepista Rosio Torres, se protegió al expresidente Manuel Merino y a sus exministros Ántero Florez-Aráoz y Gastón Rodríguez de ser investigados por el caso Inti y Bryan gracias a un informe de Alejandro Cavero, de Avanza País.

De igual forma, el Pleno, con el aval de la mayoría de los congresistas de Fuerza Popular y sus aliados, evitó que el exfiscal Pedro Chávarry sea inhabilitado de la función pública. En cambio, sí aprobaron esta sanción contra el expresidente Martín Vizcarra.

La primera legislatura de este Congreso censuró a cuatro ministros de Estado: Carlos Gallardo, de Educación; Juan Silva, de Transportes; Betssy Chávez, de Trabajo; y Dimitri Senmache, del Interior. Es cierto que en algunos casos la destitución estaba justificada.

Del mismo modo, en este primer año hubo dos intentos de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El primero ni siquiera llegó a ser admitido a trámite y el segundo sí, pero no obtuvo los 87 votos necesarios.

La clave

Fujicerronismo. Fuerza Popular y Perú Libre coincidieron apoyando las leyes contrarias a las reformas electoral y universitaria. Ambos partidos apoyaron modificar la composición del Directorio de la Sunedu. Un retroceso que ambos grupos defendieron.