En enero de 2018, la Defensoría del Pueblo, emitió un informe sobre el indulto humanitario que un mes antes le otorgó al condenado expresidente Alberto Fujimori, señalando que dicha gracia presidencial presentaba serias deficiencias, recordó Percy Castillo, que en ese momento era adjunto para los derechos humanos de dicha institución.
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"La Defensoría concluyó con claridad que el indulto presentaba serias deficiencias, una insuficiente motivación, falta de explicación de las razones médicas y en el trámite no participaron las víctimas, comprendiendo que todo indulto no representa una voluntad omnímoda del presidente, sino que tiene límites", sostuvo Castillo.
Remarcó que la Defensoría del Pueblo concluyó que en todo indulto humanitario, como el de Fujimori, tiene límites, lo que no tomó en cuenta el Tribunal Constitucional al dar su fallo.
"Eso no ha sido analizado a profundidad por el Tribunal Constitucional en su momento, cuando por primera vez ordenó reconocer la validez del indulto (fallo del 2022), y ahora está contraviniendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que es muy grave", manifestó.
Castillo señaló que el Poder Ejecutivo debe acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que el indulto otorgado a Fujimori no cumplía con las condiciones necesarias, y ordenaba al Estado Peruano a no ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional.