César Azabache: "El Congreso mantiene un esquema en el que los trabajadores son feudo del legislador"
El abogado analiza la situación de la presidenta Dina Boluarte y asegura que "el caso más grave que tiene y por el que debería asumir responsabilidades es el de las muertes”. Azabache también la responsabiliza del exceso de violencia en las protestas por "la posición de influencia sobre las fuerzas que ella tiene" y que pudo evitar "el ciclo de repetición de masacres después de la primera”.
El abogado y exprocurador anticorrupción César Azabache responde en esta entrevista sobre las recientes denuncias que involucran a congresistas por recortar los sueldos de sus trabajadores. Además, explica qué podría ocurrir con las investigaciones de los asesinatos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
—¿Qué tipo de delitos se configuran en los casos de los congresistas denunciados por recortar los sueldos de sus trabajadores?
—Hay varias formas que convergen. La discusión está en si se emplea intimidación sobre quienes se les exige estas entregas o si se entrega ventajas a cambio. En el primer caso, el delito es coacción. En el segundo, es corrupción. Un trabajador puede entregar estos fondos porque se siente amenazado o porque recibe algo, por ejemplo, el puesto mismo. La otra discusión es entre enriquecimiento ilícito o peculado. Todos estos delitos son gravísimos.
—¿De cuántos años hablamos?
—La condena media por estos delitos —si solo se aplica uno— es de ocho años. El de enriquecimiento ilícito puede llegar hasta 10.
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—Estas denuncias vienen desde hace varios periodos atrás. ¿Por qué no se ha detenido esta práctica?
—Desde los 90, me parece que en un informe, creo que de Apoyo, la recomendación era crear equipos parlamentarios concentrados que prestaran servicios a las bancadas y congresistas, de modo que el Congreso tenga equipos de economistas, abogados, ingenieros, antropólogos afines a las distintas tendencias políticas. Pero en lugar de hacer eso...
—Como ocurre en otros Parlamentos.
—En otros Parlamentos que funcionan, donde hay staff de expertos a los que se les hacen preguntas y se obtienen respuestas. Pero, en lugar de eso, el Congreso peruano ha mantenido un esquema en el que los trabajadores son feudo del legislador. Y, encima, existe esta regla que no tiene ningún sentido, que le permite al legislador partir las remuneraciones.
Entonces, el puesto remunerado con 10.000 soles se convierte en dos de 5.000, lo que termina depredando la calidad. Hay que notar además que ese esquema personalizado —en el que los asesores son más asistentes que otra cosa— rebaja enormemente la posibilidad de Congresos con memoria, acumulativos.
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—¿A qué se refiere?
—Que no se exige que el parlamentario no sea un genio en nada, sino que represente. Es decir, son los asesores los que tendrían que acumular la memoria parlamentaria. El congresista puede pedir una ley para reformar algo, pero es el asesor —comprometido con el servicio y no con él— el que tendría que decirle que ya se han presentado antes tantos proyectos y que todos fracasaron.
Pero para eso tiene que haber cierta desvinculación de la subordinación con el parlamentario, para que responda con independencia. En el fondo, todo esto son signos del uso privado de la función de representación parlamentaria.
—El problema es que cambiar el modelo actual de asesores parlamentarios tendría que ser iniciativa del propio Congreso.
—En efecto, tendría que ser una autolimitación.
— Cambio de tema, ¿La presidenta Dina Boluarte podría terminar procesada por los asesinatos en Ayacucho, Juliaca y demás?
—Creo que sí. Al margen de otros casos, el principal es el de las 49 muertes, con riesgo de ser 50. La regla que invoco para la discusión es la de comisión por omisión. Eso significa que alguien como una mandataria, en la posición de influencia sobre las fuerzas que ella tiene, puede evitar el ciclo de repetición de masacres después de la primera ocurrida.
Lo dije para el caso de Alberto Fujimori también. Me parecía muy difícil culparlo como autor de Barrios Altos, como encubridor sí era más factible. ¿Por qué? Porque el Fujimori de noviembre del 91 difícilmente podía ser el controlador del Grupo Colina. Pero, a partir del golpe del 92, del encubrimiento, la responsabilidad es enteramente suya de lo que vino después. Acá pasa lo mismo.
—¿Podría ser algo parecido, entonces?
—Sí. Recién instalado el Gobierno, después de Huancavelica, (lo que pasó en) Arequipa, Ayacucho, Puno...
—¿Sería responsabilidad de Boluarte?
—Total. Ninguna señal para evitarlo, eso es responsabilidad por omisión.
—¿Hay más peligro para Boluarte en las denuncias por financiamiento ilegal, que tienen en Shimabukuro a su principal promotor, o en su presunta responsabilidad por las muertes?
—No me voy a cansar de decir que el caso más grave que tiene Boluarte y por el que debería asumir responsabilidades es el de las muertes. Hay que notar que lo de Henry Shimabukuro se refiere al comportamiento de la señora Dina Boluarte antes de ser incluso ministra, cuando era candidata. Por tanto, el caso está regulado por la ley de financiamiento de partidos políticos, es un acto de campaña.
Vínculo. Shimabukuro asegura haberle pagado servicios a Boluarte cuando era candidata a la vicepresidencia. Foto: composición Jazmin Ceras/La República
En junio de 2016, ante una denuncia contra Ollanta Humala, cuando empezaba la saga de los casos Odebrecht, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, declaró que los actos de campaña no están cubiertos por las protecciones presidenciales establecidas en la Constitución.
— ¿Lo mismo debería aplicar para la presidenta, entonces?
— Eso significa dos cosas: que Boluarte puede ser investigada por un fiscal común porque no se trata de un acto de gobierno y que no es un buen negocio pretender que se trata de un caso de lavado de activos porque eso enreda todo. Debe investigarse bajo las reglas de financiamiento ilegal a las organizaciones políticas, que son mucho más simples y requieren muchísimo menos prueba.
— Me parece que la gente es más sensible con la corrupción que con las muertes.
— Es una paradoja histórica. En su primer gobierno, Alan García fue acusado públicamente por los sucesos de los penales, con más fuerza incluso que por Cayara. Pero el único informe que el Congreso aprobó en su contra fue el de enriquecimiento ilícito. Fujimori tiene cargos por violaciones a los derechos humanos y actos por corrupción, pero está claro que los primeros adquirieron mucho menos respaldo que los segundos.
— ¿Considera que el caso de los grados académicos de la fiscal Patricia Benavides es de fondo?
— Hay muchas cosas por decir sobre la fiscal. Primero, hay que mantener el respaldo a la forma en que abordó el caso de Pedro Castillo. Sobre las muertes, ha habido reacciones disímiles. Recién ahora hay una fiscalía especial y hay una discusión sobre si recoger todos los casos va a significar paralizarlos o no. Creo que hay un espacio den formación ahí. También ha habido opiniones sobre la forma de conducir al Ministerio Público. Han opinado Víctor Cubas, Cruz Silva, Diego García Sayán. Eso también está por resolverse. En ese sentido, lo de las tesis también debe ser respondido. Quiero pensar que la fiscal Benavides redactó las tesis por las que obtuvo sus grados de maestría y doctorado. Llama mucho la atención que esos trabajos no estén publicados, que no sean accesibles…
— Cualquier persona que haya conseguido un doctorado publicaría su tesis.
— Una tesis o se convierte en libro, o en artículo o queda en un repositorio. No tener las de ellas disponibles me produce una sensación desagradable. Que se le haya perdido a Alas Peruanas, me tiene sin cuidado. Pero ella debería poner sus tesis sobre la mesa, publicarlas. Y si no lo hace, alimenta sospechas. Todos sabemos que hay un mercado en el que hay una oferta clandestina de escritores fantasma para magistrados que postulan a cargos y necesitan acreditar. Ella debe dejar en claro que no ha sido clienta de un mercado fantasma.
