Fiscalía busca pruebas en caso de 28 muertes durante las protestas
Esquisas. Inician investigación preliminar a la presidenta Boluarte, al premier Otárola, al exministro del Interior César Cervantes y al expremier Pedro Angulo. Fiscales requieren información a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Horas después de que la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán Pinto, reclamó que ninguna muerte injusta debe quedar impune, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, dispuso el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra para esclarecer su presunta participación en las 28 muertes por disparos ocurridas durante las protestas de diciembre último.
La indagación también alcanza al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, ministro de Defensa durante los días en que se produjeron las muertes; el exministro del Interior, César Cervantes Cárdenas, y el expremier Pedro Angulo Arana, entre otros.
Benavides inició la indagación previa a la investigación preliminar, atendiendo a las denuncias presentadas por un grupo de abogados de Ayacucho y Apurímac, que fueron remitidas a su despacho por la Segunda Fiscalía y la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo de Ayacucho y Apurímac, respectivamente.
La Fiscalía de Ayacucho inició investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho; Jesús Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, y los que resulten responsables de la muerte de siete ciudadanos en dicha zona del país, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y tortura.
En tanto que la Fiscalía de Apurímac inició investigación contra el jefe policial del Frente Apurímac, Luis Flores Solís, y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján Ruiz, entre otros.
“Actuaciones previas son las diligencias mínimas previas e inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia, lo que en el presente caso serán las actuaciones previas las que garantizarán el ejercicio correcto de la función persecutoria del delito que ostenta el Ministerio Público (...) haciendo que la calificación de los hechos esté desprovista de arbitrariedad y goce de razonabilidad”, precisó la Fiscalía de la Nación.
“En ese sentido, añade la resolución fiscal, será a partir de las diligencias previas a instaurarse que se determinará si los hechos que han sido puestos en conocimiento de este despacho son factibles de ser atribuidos a los altos funcionarios denunciados y, de ser así, sí existe la sospecha inicial simple que permite iniciar una investigación preliminar contra los mismos”.
Si la Fiscalía considera que los elementos reunidos en esta indagación previa no tienen relación con la Presidencia de la República y los ministros y/o exministros antes mencionados, dispondrá el archivo de la investigación.
Para cumplir su función, la Fiscalía de la Nación requirió información a diversas instituciones de la Policía, las Fuerzas Armadas, la secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros y las fiscalías de Ayacucho y Apurímac.
A la comandancia general de la Policía Nacional se le pidió que remita copias de todas las comunicaciones, cartas, oficios y correos emitidos por la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior a dicha comandancia, relacionada con el control estatal de las manifestaciones suscitadas en la región Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 y en la región Apurímac del 7 al 18 de diciembre del 2022.
Igualmente se solicitaron copias certificadas de los planes de operaciones elaborados para contrarrestar las manifestaciones sociales 1) del día 15 de diciembre del 2022 en la ciudad de Ayacucho, 2) del 7 al 18 de diciembre en las ciudades de Andahuaylas, Chincheros, en los cuales conste la cadena de mando, operaciones, encargados de tareas, fuerzas de apoyo, unidad y personal comprometido, entre otros.
Información similar se le solicitó a la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y a la Comandancia General del Ejército a fin de identificar la cadena de mando y su responsabilidad.
En tanto que a las fiscalías de Ayacucho y Apurímac se les solicitó copias de todos los informes periciales de balística forense y certificados de necropsia de las víctimas.
Con plazo indeterminado para decidir
La resolución de la Fiscalía de la Nación no fija un plazo para la indagación que debe determinar si hay indicios para una investigación preliminar o las muertes quedarán en la impunidad.
Antes la Fiscalía de la Nación no investigaba a un presidente en ejercicio. Esto cambió con el caso del expresidente Pedro Castillo para delitos de corrupción. Esta es la primera oportunidad en que el cambio de jurisprudencia operaría para delitos de violación de DDHH ante muertes por disparos de la fuerza estatal en protestas.