El informe final de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo es “enemigo de las libertades de expresión y de prensa” pues “no solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción”.
Esa fue la conclusión a la que llegaron tras los informes semestrales que fueron analizados los cuatro días que duró la asamblea general. Para los representantes de la SIP, en las denuncias de corrupción contra el gobierno, Castillo no solo “ha amenazado con demandar a periodistas”, sino que ha impedido a medios a ingresar a eventos públicos y conferencias de prensa.
Entre las declaraciones que se tomaron en cuenta, están la que dio el primer mandatario en mayo último, cuando dijo que la prensa se presta a “intereses particulares y antidemocráticos” que buscan “generar inestabilidad política” y señaló que los medios “solo dicen mentiras y propalan noticias falsas”.
Como una obstrucción a las investigaciones periodísticas que denuncian la corrupción fue tomado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso que propone “crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, según el cual, “los agraviados, imputados, abogados, representantes, jueces, fiscales y/o policías que difundan –antes del juicio oral– información reservada a “personas no legitimadas” podrán ser sancionados hasta con cuatro años de cárcel.
La SIP sostiene que, durante la campaña de elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, el país “fue escenario de diversos ataques a periodistas tanto por los propios candidatos como por sus seguidores y familiares” y reportan tres episodios de retención de periodistas.
Pero los obstáculos no solo vienen del Ejecutivo, la SIP también consideró como una obstrucción a la prensa, que el Congreso tenga las puertas cerrada a los medios de comunicación durante buena parte de la pandemia, cuando en otras instituciones estaba permitido el ingreso.
Rodrigo Salazar del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), sostuvo a La República que la SIP ha verificado la conducta obstruccionista del presidente Castillo con la prensa al pretender evitar que se difundan informaciones sobre los casos de corrupción por el que viene siendo investigado por la Fiscalía.
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Manifestó que los ataques constantes del presidente y del premier Aníbal Torres a los medios de comunicación son una forma de agresión que se da en países que tienen serios problemas de corrupción y hay un patrón definido en el que se empieza criticando y luego van por la agresión.
“Hemos visto agresiones a los periodistas después de los ataques verbales del presidente Castillo. Es muy fácil culpar a la prensa. Lamentablemente, se corre el riesgo de que los ataques vayan en aumento, por eso la SIP ha llamado la atención y puesto en alerta lo que viene sucediendo en el país”, señaló.
Para la SIP es preocupante la situación de la prensa no solo en el Perú, sino también en América Latina, señalando que “un franco retroceso de la libertad de prensa se registra en las Américas. Ello se evidencia en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente”.
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Los 25 periodistas asesinados en los últimos seis meses fueron el hecho que generó mayor condena e indignación.
CPP. Rodrigo Salazar teme que aumenten ataques a la prensa.
México fue el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia.
Los otros países donde se registraron asesinatos fueron Colombia (3), Haití (3), Ecuador (2), Honduras (2), Estados Unidos (1), Paraguay (1), Brasil (1) y Chile (1).
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El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante. Seis periodistas condenados permanecen en prisión, en tanto que dos trabajadores del diario La Prensa siguen detenidos. Al menos 15 periodistas salieron al exilio y ya son más de 150 los que han vivido la misma situación.
Pedido. La asamblea exhortó a gobiernos a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los asesinos de periodistas.
Ataques. Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión.