Desde que abandonó el penal de Ancón I como resultado de un acuerdo de colaboración eficaz, Zamir Villaverde García se ha presentado en varios medios de comunicación para afirmar que no había cometido delitos, sino “errores”. Sin embargo, según la norma referida a la colaboración eficaz, el solicitante debe admitir que fue autor de ilícitos penales para acceder al beneficio de la excarcelación, reducción o conmutación de pena. Si Zamir Villaverde no acepta ser autor de delitos en el caso Puente Tarata III, ¿cómo es que las autoridades le concedieron la colaboración eficaz?
“De repente cometí un error y de ese error estoy arrepentido”, le dijo a Phillip Butters de Willax TV.
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“Tú no eres un analfabeto funcional como el presidente. Tú sabes claramente la diferencia entre un error y un delito”, le hizo ver el entrevistador.
“Sí”, aceptó Villaverde.
“Sabes lo que implica sobornar a una persona”, le dijo.
“Sí, claro”, admitió.
“¿Tú sobornaste al presidente?”, le insistió el entrevistador.
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“Digamos que no tanto yo. Fue a través de terceras personas, porque si no estaría diciendo algo que no es real”, contestó Zamir Villaverde García.
Entonces tenemos que Villaverde, quien asegura contar con evidencias que comprometen directamente al presidente Pedro Castillo, sostiene que no le abonó ningún pago al jefe del Estado.
Cercanía. Villaverde en 2021 con el candidato Castillo. Foto: difusión
Esta versión coincide con lo que aclaró su abogado, Julio Rodríguez, quien precisó que Zamir Villaverde no cuenta con grabaciones de entrevistas con el presidente Castillo porque no tuvo contacto con él.
No obstante, Villaverde asegura que el mandatario Pedro Castillo pretendería eliminarlo para que no entregue pruebas de los pagos de sobornos al Ministerio Público.
También es contradictorio que Villaverde afirme que en la licitación del Puente Tarata III no existió corrupción. Pero él mismo grabó un audio en el que acredita que le entregó “cien grandes” al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, a nombre de la empresa española Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), que formó parte del consorcio que se benefició con la adjudicación de la obra. De hecho, después de la difusión del contenido del audio, el exministro Juan Silva se dio a la fuga.
Pero el sábado 16 de julio de este año Villaverde le dijo a Radio Programas: “Yo no he beneficiado a ninguna empresa”. Y añadió: “El caso (Puente) Tarata (III) está muy claro. El empresario ha ganado por la legal, ya que (presentó) el costo más bajo dentro de todas las ofertas”.
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¿Y los 100 mil soles que le dio en una maleta a Juan Silva por encargo de la empresa Tapusa, como “agradecimiento” por la adjudicación de la obra?
Además, no es cierto que el Consorcio Puente Tarata III contaba con la mejor oferta. Se quedó con la obra por una diferencia de solo 27 centavos, como reveló este diario. Y había una empresa competidora cuyo dueño era hermano de los dueños de Termirex, una constructora que formó parte del Consorcio Puente Tarata III. Villaverde afirma que lucha contra la corrupción, pero ha devenido en un defensor de investigados por graves delitos.
Es más, en la misma transcripción del audio que el propio Villaverde proporcionó a la fiscal Karla Zecenarro, el empresario menciona también que estaba arreglando acuerdos con constructoras chinas, las que efectivamente ganaron 7 contratos durante la gestión del exministro Silva.
Ahora sale Villaverde a decir que no intercedía por ninguna empresa, poniendo en duda la información que ha entregado a la fiscal Karla Zecenarro.
Más bien dijo que el caso Puente Tarata III es una conspiración en su contra y de Karelim López: “Hay empresarios que yo sé que han movido todos sus recursos para direccionar todo el caso Tarata. ¿Con qué finalidad? ¿De desacreditarme para que el caso muera en Zamir Villaverde, Bruno Pacheco y Karelim López?”, dijo.
Entonces, si señala que no existió delito en el caso Puente Tarata III, y que todo se trata de una conspiración, ¿por qué las autoridades le concedieron la condición de colaborador eficaz?
Ha vuelto a mencionar en su reciente recorrido por los medios de comunicación que Pedro Castillo, por intermedio del exalcalde de Huaraz Vladimir Meza, quien es un gran amigo, logró reunirse con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas. Cuando los periodistas le preguntaron por las pruebas que tenía, respondió que todo era parte de una investigación reservada.
“Vladimir Meza refería en las reuniones, o cuando conversó conmigo, eso, que él tenía amistad con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que su función era que Pedro Castillo gane las elecciones”, sostuvo Villaverde sin acreditar pruebas.
Jorge Salas y Vladimir Meza rechazaron las afirmaciones de Villaverde, y este no se defendió presentando evidencias. Más bien alegó que pretendían matarlo para silenciarlo, y que los medios de comunicación eran parte de la conspiración, porque recibían dinero a cambio de que sus denuncias no fuera publicadas. Una versión insostenible porque Villaverde se ha presentado en cuando medio periodístico lo ha requerido para que relate los hechos de corrupción gubernamental que conoce.
“Han invertido una gran cantidad de dinero y me atrevería a decir que algunos medios de comunicación han dejado de lado esta investigación tan importante”, argumentó Villaverde, nuevamente, sin acreditar pruebas de sus dichos.
Expulsado. Villaverde expectorado de la FAP en 1999. detenido. Foto: difusión
En 1999, cuando era suboficial de tercera de la Fuerza Aérea del Perú, Zamir Villaverde fue expulsado de la institución por su pertenencia a una organización criminal.
En 2007, fue intervenido por haber sido parte de una banda que asaltó la pizzería Donatello, de Miraflores. Recibió una sentencia de 10 años por robo agravado en el penal de Miguel Castro Castro.
Villaverde en 2007 luego de asalto a Pizzería. Foto: Latina
En 2013, fue condenado por falsedad de documentos y colusión en agravio del Estado.
Villaverde enfrenta denuncias en el Ministerio Público por usurpación de terrenos que están en proceso de investigación.
La ley de empresas de seguridad prohíbe que personas con antecedentes penales sean dueños de compañías de dicho rubro. La empresa que maneja Villaverde está a nombre de sus familiares.