En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron que estos contratos coalicionan con la Constitución y con la Convención Americana. Recordaron que el Ejecutivo se había comprometido a derogarlos.,La vigencia de convenios privados para que miembros de la Policía Nacional den seguridad particular a empresas mineras, así como la problemática sobre la criminalización de los conflictos sociales en Perú, expusieron representantes de organismos de derechos humanos en la audiencia pública realizada ayer en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). PUEDES VER: Qué dicen los convenios entre la Policía y mineras El director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velasco, señaló que estos contratos continúan siendo válidos, a pesar de que hace dos meses el Ejecutivo se comprometió a revisarlos y derogarlos. Cabe recordar que en octubre, el director de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rolando Luque, anunció que el Gobierno evaluaría su vigencia tras la muerte de un campesino durante las protestas contra el Proyecto Minero Las Bambas, en Apurímac. "Los convenios que suscribe la Policía Nacional del Perú para brindar seguridad privada a empresas, de alguna manera está legalizado, pero nosotros pensamos que coalicionan con la Constitución y la Convención Americana porque no es posible que funcionarios públicos, con recursos económicos y con la autoridad pública que da la ley, brinden seguridad privada a empresas particulares para reprimir las protestas sociales", indicó. Remarcó que estas acciones se realizan no solo bajo el comando policial sino de las gerencias de la empresas que pagan por el servicio de seguridad que les brindan. Velasco añadió que se ha modificado una norma para que en 15 días cualquier privado pueda solicitar la intervención de la Policía para desalojar a un determinado grupo de personas alegando que ha sido despojado de su terreno. "Ya no interviene ni el juez ni el fiscal. La Policía, que está pagada por esa empresa, decide", dijo. Sobre la criminalización de la protesta, refirió que en el gobierno pasado se implementaron y aprobaron normas que agudizan esta situación, lo que no ha cambiado en la actual gestión. Sostuvo que esa legislación sigue violando la Convención Americana en lo que respecta a la integridad y la libertad personal.
