El 2010, la vocera por la revocatoria inició una investigación administrativa a tres funcionarios vinculados a este caso. Cinco meses después no emitió ninguna conclusión.Impunidad,Revocatoria 2013: Juárez recibió el encargo de investigar Comunicore y no hizo casi nada,Revocatoria 2013: Juárez recibió el encargo de investigar Comunicore y no hizo casi nada, María Elena Castillo. En agosto del 2010, tras la denuncia periodística sobre el pago irregular de 35 millones de soles de la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore, Patricia Juárez, actual vocera pro revocatoria, recibió el encargo de investigar a los funcionarios vinculados a este hecho. Cinco meses después dejó un expediente con apenas 21 páginas y que no llegó a nada. Esta historia comenzó el 3 de agosto del 2010, cuando el entonces alcalde Luis Castañeda envió un memorándum para que se inicien procesos administrativos disciplinarios a los tres funcionarios implicados en el escandaloso pago: el ex gerente municipal Carlos Chávez Málaga, el ex gerente de Finanzas Juan Blest García y el ex gerente de Servicios a la Ciudad Carlos Asmat Dyer. Su solicitud recayó en su amiga Patricia Juárez Gallegos, entonces presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel, y que ahora es una de las caras más visibles del Sí. Precisamente, tres días antes del debate por la revocatoria lo visitó en su casa. "Con el doctor Castañeda sostenemos una amistad que data de hace muchos años. Ha sido compañero de estudios de mi esposo; yo milito en Solidaridad Nacional desde hace 14 años", dijo hace unos días tratando de justificarse. EXCUSAS, EXCUSAS El 11 de agosto del 2010, la comisión que presidió Juárez para investigar a los funcionarios vinculados al caso Comunicore emitió el acta N° 049-2010-CEPADAN, en la que se excusaban de investigar a Chávez Málaga porque ejerció el cargo de gerente municipal. Señalaron, además, que se debía nombrar un grupo ad hoc, de acuerdo al Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios. El documento agregaba que, sobre los otros funcionarios, era necesario pedir información que les permitiera pronunciarse sobre su actuación. Precisaron que en ambos casos se debía solicitar a la Asesoría de la Gerencia Municipal Metropolitana , así como al Área de Administración y Control de la subgerencia de Personal, la información personal pertinente para la investigación. Esta decisión fue tomada con una celeridad fuera de lo común, pues el acta señala que la sesión se inició a las 10 y 50 de la mañana y culminó a las 11 y 5 minutos. Es decir, solo duró 15 minutos. A PASO LENTO Un día después, Juárez envió dos oficios en los cuales solicitaba a ambas direcciones el historial laboral tanto de Blest García como de Asmat Dyer en la Municipalidad de Lima. El 19 de agosto, el área de Administración y Control de la subgerencia de Personal entregó la documentación a la comisión; en esta se confirman los cargos que ocuparon cuando se cometieron las irregularidades del caso Comunicore. El 1° de setiembre se vuelve a reunir la comisión de Juárez para ver el tema, esta vez por 10 minutos. El acta de dicha sesión da cuenta de un único acuerdo: que se tenga presente la información laboral que les entregaron a la hora de pronunciarse. La siguiente reunión se produjo recién el 27 de octubre. En esa oportunidad también acordaron un único punto: reiterar el pedido de información a la Gerencia Municipal Metropolitana sobre los dos funcionarios. Para entonces habían transcurrido ya tres meses desde que recibieron la misión de investigar a los funcionarios; sin embargo, no hicieron ninguna mención a la necesidad de que se forme la comisión ad hoc para investigar al ex gerente municipal Carlos Chávez, a quien se excusaron de evaluar. UN MES ANTES DEL FIN La comisión ad hoc para investigar a Chávez se nombró recién el 18 de noviembre del 2010, cuya presidencia recayó también en Patricia Juárez. La resolución fue suscrita por el teniente alcalde Marco Parra, hombre cercano a Castañeda. Cabe recalcar que, en ese momento, ya había sido proclamada Susana Villarán como alcaldesa electa. En diciembre, las dos comisiones que presidía Juárez hicieron dos pedidos más antes de finalizar la gestión municipal, sin que hubiera ninguna respuesta. El 29 de diciembre del 2010 la vocera envió un último oficio con carácter de "urgente", el que, por supuesto, tampoco fue respondido. Esa fue la "gran investigación" que hizo la vocera del Sí para intentar resolver a tiempo el caso Comunicore . CLAVES En setiembre del 2005, la Municipalidad de Lima se comprometió a pagar en 10 años una deuda de 35 millones de soles a Relima por servicios de limpieza pública. A fines de ese año, la empresa Comunicore compró esa deuda por 14,5 millones de soles. Un mes después, el municipio le canceló los 35 millones en una sola armada. Después de esta gestión, Comunicore desapareció. Posteriormente, también por investigación periodística, se supo que los miembros del directorio de esta empresa eran personas de humilde condición. Luego aparecieron nuevos indicios que vinculaban a ex funcionarios de la gestión de Castañeda con este escandaloso pago. El caso está en la Sexta Sala del Poder Judicial .