Poder Judicial ahora afirma que tanto Segundo Vitery como Óscar Cubas incumplieron directivas. Titular de Justicia, Eda Rivas, responde que representante elegido por César San Martín puso en peligro posición del Estado. Situación en audiencia en Costa Rica es calificada de insólita y negligente. Nadie asume.,María Elena Castillo. Días antes de efectuarse la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallo judicial por la matanza de Barrios Altos cometida por el grupo Colina, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, coordinó con la ministra de Justicia, Eda Rivas, y el viceministro de esa cartera, Daniel Figallo, llevar una sola posición sobre el cumplimiento de dicha sentencia. Acordaron que los representantes del Ministerio de Justicia (Minjus), Óscar Cubas y José Ávila, expondrían los avances en el pago de reparaciones económicas, atención en salud y educación, así como la colocación de un monumento a las víctimas y la inclusión en el sistema jurídico interno del delito de ejecución extrajudicial. Por su parte el procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery, debía informar sobre lo actuado en el proceso judicial sin defender el cuestionado fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, que benefició a los Colina. Tenía que limitarse a señalar que el Ejecutivo presentó un recurso de amparo, que debe resolverse en el fuero interno. Ayer el Poder Judicial insistió, mediante un comunicado, en que este acuerdo no se cumplió. "El ex procurador Vitery Rodríguez no se ciñó a la posición coordinada, como tampoco lo hizo el procurador supranacional Óscar Cubas e incumplió flagrantemente las directivas emanadas de la presidencia del Poder Judicial", señala el documento. Durante la audiencia realizada el lunes en San José de Costa Rica, Cubas refirió que la posición del Estado era la del recurso de amparo; y por su lado, Vitery hizo una cerrada defensa de la resolución de la sala Villa Stein. Estas "divergencias", como las llamó Cubas durante su exposición ante la Corte IDH, generaron el pedido de uno de los magistrados de aclarar la posición del Estado peruano. En carta dirigida al presidente del Poder Judicial el último martes, pero recién difundida ayer por la noche, la ministra de Justicia Eda Rivas le expresa a César San Martín no solo su malestar y preocupación por el informe dado por Vitery "designado por usted", sino que además le advierte que iniciará las acciones correspondientes conforme a las normas que regulan el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Frente a la decisión de San Martín de retirar su confianza a Vitery, este se reafirmó en que cumplió con el encargo de defender la posición del Poder Judicial, la cual está definida en el documento que se presentó al tribunal supranacional. "La resolución de viaje la autorizó el doctor San Martín. Y acá está la posición institucional del Poder Judicial en el caso Barrios Altos. Eso es lo que yo he defendido", aseguró. Sostuvo que San Martín le quitó la confianza por presiones del Ejecutivo, lo que de inmediato fue negado en el comunicado del Poder Judicial al precisar que la instancia parahacerlo es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que depende del Minjus. Asimismo, agrega que la titular de dicho portafolio envió un oficio en el que expresa que se ha propuesto una terna de candidatos para la designación del nuevo procurador público del Poder Judicial. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado evalúa si además de separarlo del cargo, se le imparte una sanción por haber afectado la imagen del Estado peruano ante la Corte. CUESTIONAMIENTOS El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma y el fiscal supremo Avelino Guillén lamentaron que la actuación de los procuradores del Minjus y el Poder Judicial hayan afectado innecesariamente al Estado peruano ante la Corte IDH. Guillén señaló que se trata de un caso "insólito" que genera que el país no sea tomado en serio. "Revela negligencia, incompetencia e improvisación. Es inconcebible que habiendo una posición consensuada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, sus procuradores hayan emitido dos versiones contradictorias", comentó. Mientras que García Toma insistió a ambas intancias informar a la población sobre lo sucedido. "Lo más importante es saber cuáles fueron los niveles de coordinación y en función a eso saber quién se equivocó. Lo que sí está claro es que no fue un día afortunado para el Estado", manifestó. POSICIÓN DEL PJ SOBRE EL CASO BARRIOS ALTOS El 23 de agosto último el Poder Judicial envió al Ministerio de Justicia su posición institucional sobre el caso Barrios Altos, la misma que fue entregada a la Corte Interamericana de DDHH. En esta se señala que la sentencia de la sala Villa Stein no supone una violación al cumplimiento de las resoluciones de supervisión de la Corte IDH. Agrega que este fallo cumple rigurosamente con lo dispuesto en las resoluciones y recomendaciones de la sentencia del tribunal supranacional. Afirma que dicho fallo no supone un cambio sustancial respecto a la situación jurídica de los condenados ni permite la prescripción. Refiere que la justicia cumplió con sancionar y evitar la impunidad e informa que se ha convocado a un Pleno Jurisdiccional para ver su aplicación en el fuero interno. EL DATO El director adjunto del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, indicó que la presencia de César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori (condenado por los crímenes del grupo Colina), en la audiencia de la Corte IDH muestra su interés en que prevalezca el fallo de la sala Villa Stein para así poder usarlo en su favor.
