María Elena Castillo. Los organismos de derechos humanos cuestionan todo tipo de terrorismo, venga del Estado o de grupos sediciosos, como Sendero Luminoso y el MRTA, aclaró la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban. “Los comandos de Chavín de Huántar realizaron una acción valerosa durante el rescate de la residencia del embajador de Japón. Sin embargo, entre ellos se infiltraron los llamados “gallinazos”, que bajo el mando de Zamudio, Huamán Ascurra, Hermoza y Montesinos, cometieron ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse”, dijo. Lamentó que un grupo de personas considere que los defensores de derechos humanos son pro terroristas porque están contra las ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas capturados o rendidos, cometidas por un grupo de infiltrados. “Es justificar una suerte de 'limpieza social' que no se puede aceptar, pues los derechos humanos son para todos, tanto de los emerretistas que fueron ejecutados en el operativo como de los policías y militares muertos o heridos en emboscadas terroristas”, refirió. ACCESO A LA JUSTICIA Por su parte, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano –que representa a los familiares de los emerretistas ejecutados– explicó que la denuncia de la Comisión Interamericana no cuestiona al Operativo Chavín de Huántar, sino las ejecuciones extrajudiciales cometidas al final de la acción militar. Indicó que el organismo supranacional considera que se violó el derecho al acceso de justicia, pues un caso de violaciones a derechos humanos se vio en el fuero militar y porque se ha dilatado demasiado la investigación, al punto de quebrarse dos veces el proceso. Además, aclaró que Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Aliaga Zamudio fueron los que involucraron a los comandos, pues sus abogados pidieron que sean citados a declarar. "Lo hicieron para dar la sensación de que están siendo perseguidos cuando no es así", agregó.
