Informe N° 66 /11 que ente internacional envió al Estado afirma que se violó derecho de las garantías judiciales de los familiares de las víctimas.Polémica. Pero según ministro de Justicia no se procesará a soldados de operativo Chavín de Huántar., María Elena Castillo. Uno de los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recomendar que se investigue en el fuero común la denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas durante el operativo Chavín de Huántar para recuperar la residencia el embajador japonés, es que en el fuero militar se violó el debido proceso. El informe N°66/11, que en junio pasado envió al Estado peruano, señala que no se investigó seriamente este caso y precisó que en el fuero castrense se negó toda participación de la parte afectada. En el numeral 211 del documento, que tiene 57 páginas, se indica que “el Estado remitió parte del conocimiento de los hechos a la jurisdicción militar, cuyo proceso fue secreto y en el cual los familiares no pudieron participar”. A esto se añade que los familiares no tuvieron posibilidad de apelar esta decisión, por cuanto no se puede aplicar este tipo de recursos en el fuero castrense. Proceso secreto La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano –que representa a los familiares de los emerretistas– recordó que ni bien se abrió el proceso en el fuero militar, se apersonó al caso, sin embargo, nunca le permitieron el acceso al expediente. “Cada vez que iba me decían que estaba ocupado o que lo tenía el vocal. Tampoco nos permitieron estar presentes en las declaraciones de los comandos, ni nos notificaban a las audiencias”, comentó. Manifestó que el proceso se llevó a cabo de forma acelerada, pues en pocos meses fue resuelto en primera instancia y ratificado días después por el Consejo Supremo. “No hubo posibilidad alguna de participar”, aseguró, aclarando que no se está pronunciando sobre el contenido del informe. No hay allanamiento ante CIDH Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, explicó en el Congreso que Perú no se ha allanado al informe de la comisión y que pidió una prórroga para evaluar el caso por el cambio de gobierno. Dijo que la posición del Estado, comunicada ya a la Comisión Interamericana es que están cumpliendo con dos de las recomendaciones, y que el caso se está viendo ya en el fuero común. Primero investigó el fuero común En el 2002, cuatro años después de la retoma de la residencia del embajador japonés -capturada por terroristas del MRTA- la Fiscalía inició una investigación a 15 oficiales que participaron en el operativo Chavín de Huántar a base de la denuncia de los familiares de los emerretistas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. Poco después, el fuero militar inició un proceso paralelo por abuso de autoridad contra los 140 comandos . Presentaron entonces una contienda de competencia para ver el caso en su totalidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió la contienda a favor del fuero militar, pasando la investigación de los efectivos en actividad, y dejando en el fuero ordinario la investigación contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos. Roberto Huamán Ezcurra y Jesús Aliaga Zamudio. La Sala que tomó esta decisión era presidida por el magistrado Guillermo Cabala. Reacciones “La justicia militar ha abierto una investigación paralela para evitar que se sancione a los responsables, como hizo en los casos de la década del 80....”. Gloria Cano. Abogada Aprodeh “No pueden decir que es una traición, que vamos a llevar a los heroicos comandos a un juicio. Defender al Estado no implica defender a criminales...”. Francisco Eguiguren. Ministro de Justicia
