Teresa Carpio V. Escuchar decir al congresista Leoncio Torres Ccalla que “se pasó un poquito” con la menor de 16 años, que contrató, exprofesamente para manosearla, nos resulta repulsivo pero comprensible viniendo de un tipo como ése. Pero oír decir al presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, que “al margen de chiboladas” no todo es malo en el Congreso, es indignante y doblemente preocupante. ¿Cree acaso el presidente del Congreso que es normal y real, como sucede en la última novela de GGM, que un octogenario decida comprar, poco antes de que le venga la muerte, una niña virgen para satisfacer su cuerpo y expresarse, por lo tanto, de esa manera tan despectiva? Parece que tanto Ántero como Torres Ccalla no pueden contestar estas preguntas como las personas normales que nos indignamos ante las violaciones cometidas a niñas, niños y contra mujeres, porque simplemente no han tomado conciencia del problema. Ellos creen, como GGM en su triste última novela, que se están jugando la gran tirada con una niña que apenas empieza a parecer mujer. Detrás de las expresiones de estas autoridades está la percepción de lo que es la violencia sexual contra niñas, niños y mujeres. La ley, nos dicen, es una cosa pero el instinto sexual es otra. Los hombres son burros, se chibolean, se vuelven irreflexivos cuando se encuentran al frente a una niña de once, catorce o dieciséis bien dotada. Hay que pesarla, dicen muchas veces en broma, si pasa de los cuarenta kilos ya puede pasar por las armas. Se hace evidente con mucha claridad, en ese lenguaje burlón, el ejercicio del poder a través de la fuerza, el desprecio y la discriminación contra ese sexo que sirve fundamentalmente para el disfrute de uno de ellos, al que hay que someterlo y despreciarlo porque es mujer, pobre, sin ningún valor social. En el caso de la novela de GGM, todas las mujeres son posibles putas, desde niñas lo son. La violencia sexual contra la niñez y las mujeres está invisibilizada. Apenas algunos casos se conocen y de éstos sabemos que la justicia no llega a la víctima. Las decenas de profesores que fueron denunciados por los medios de comunicación de violación sexual contra sus alumnas ni siquiera han sido procesados y sancionados. Muchos de ellos fueron cambiados de lugar y volvieron a repetir la violación. ¿Cuántas autoridades militares, siguiendo el lema el “honor es su divisa”, han denunciado a los subalternos que violaron una y otra vez a niñas y mujeres durante el conflicto armado interno? Son cientos los familiares denunciados por violación a sus hijas, sobrinas o hijastras, cada año. La violencia sexual contra las niñas y mujeres no tiene fronteras y las cifras son tan alarmantes en Estados Unidos, España como en el Perú. Algo ha cambiado, sin embargo, para disgusto de los Torres Ccalla. En los últimos tiempos la violencia sexual es denunciada y se hace de conocimiento público, liberándola del círculo de la privacidad y de la impunidad en que quieren encerrarla. La violencia contra las mujeres ya no sólo las daña a éstas, le hace daño al conjunto de la sociedad que quiere construir una en armonía y con respeto a la ley. Le haría bien a los congresistas y autoridades recordar o reconocer que cada vez hay mayores instrumentos de protección contra la violencia sexual a las mujeres precisamente porque se ha tomado conciencia de la real dimensión del problema.
