A cinco días del inicio de las obras, ProInversión recién verifica si es cierto lo que le informó Contraloría horas antes de la firma de los contratos: tres empresas concesionarias tienen juicios pendientes con el Estado. Las compañías aseguran que están en orden. Contratos podrían ser anulados por irregularidades. 4/8/2005. Tres horas antes de que Toledo suscribiera los contratos, Contraloría advirtió a ProInversión de los juicios a las constructoras. Haga click en la imagen para ver los juicios que afrontan las concesionarias de la Interoceánica Sur. Claves 1. MUTIS I. El secretario general de ProInversión, René Cornejo, dijo que no hablará del tema hasta que termine la verificación de la información. Por su parte, el contralor Genaro Matute afirmó que no hará comentarios hasta que ProInversión subsane sus errores.2. MUTIS II. Las constructoras no aceptaron entrevistas con La República. Sólo dijeron que cumplieron con las bases del contrato y reiteraron que no afrontan juicios contra o por el Estado. A ÚLTIMA HORA • A cinco días del inicio de las obras, ProInversión recién verifica si es cierto lo que le informó Contraloría horas antes de la firma de los contratos: tres empresas concesionarias tienen juicios pendientes con el Estado. • Las compañías aseguran que están en orden. Ángel Páez y María Elena Hidalgo. Unidad de Investigación. Un mes después de la suscripción de los contratos con los consorcios que van a construir por US$ 892 millones la carretera Interoceánica Sur, recién ProInversión acordó con la Contraloría verificar si las empresas ejecutoras de las obras mantienen juicios pendientes con el Estado. Ese es un trabajo que definitivamente tuvo que haberse hecho antes de firmarse nada, porque así lo manda la ley. Las obras deberían iniciarse el ocho de setiembre. El numeral 5.2.2.4 de las bases del contrato para la concesión de la Interoceánica Sur, señala que las empresas y sus accionistas no deben tener procesos judiciales iniciados por o contra el Estado. ProInversión, el órgano técnico cuya finalidad es seleccionar a las compañías para la realización de obras públicas de envergadura, insiste en que ninguna de las firmas que ganaron la concesión de la Interoceánica Sur afronta procesos con el Estado. Juego millonario Pero la afirmación es cuestionada por la Contraloría, que ya emitió un informe al respecto, lo que podr[ia derivar en la anulación de los contratos y la paralización de las obras. A las 10 y 02 minutos de la mañana del cuatro de agosto, un funcionario de la Contraloría, Samuel Torres, entregó en manos del Secretario General de ProInversión un oficio informándole que las empresas brasileñas Constructora Norberto Odebrecht y Constructora Queiroz Galvao, así como la peruana Graña y Montero, concesionarias de Interoceánica Sur, “tienen procesos judiciales por y contra el Estado” peruano. A pesar de la indicación escrita de la Contraloría, el mismo día cuatro de agosto, ProInversión dejó expedita la documentación y a la 1 y 30 de la tarde, en Palacio de Gobierno, el mandatario Alejandro Toledo estampó su firma en los contratos de concesión. Pura pantalla Fuentes de ProInversión detallaron que no fue regular el conducto utilizado por la Contraloría para informar sobre los antecedentes de las empresas concesionarias, y que la comunicación llegó a última hora, después de que el organismo ya había iniciado el proceso de verificación de los documentos de los contratos. Esto es, dos minutos después. Pero el asunto de fondo no es si el informe llegó una décima de segundo o una semana después a ProInversión. La cuestión es si las constructoras Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero están involucradas o no en procesos judiciales con el Estado peruano. La respuesta de ProInversión es que no. Contraloría sostiene todo lo contrario. Las fuentes del organismo afirmaron que ante la llegada del oficio de advertencia de la Contraloría, preguntaron a las concesionarias si era correcta la información que habían recibido. Las tres empresas ratificaron las declaraciones juradas que presentaron, indicando que no tenían juicios pendientes de sentencia con el Estado. Con eso fue suficiente para ProInversión, que creyó en la palabra de las compañías concesionarias. Las evidencias Pero la Contraloría mantiene su posición: Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero sí están involucradas en procesos con el Estado. El organismo de fiscalización reiteró que son estos casos: • El 30 de diciembre de 2002, la Contraloría inició acciones legales contra ex funcionarios del Proyecto Chavimochic, por perjuicio económico contra el Estado en la ejecución de obras. Los funcionarios encausados a su vez denunciaron al Consorcio Chimú, constituido por Odebrecht y Graña y Montero. Cuatro de los cinco juzgados civiles de Lima (4º, 5º, 7º, y 10º ) que ventilan el caso, aceptaron el pedido. El Estado reclama US$ 375 mil (1.203 millones de soles) de indemnización. • El nueve de marzo de 2004, la Contraloría demandó a Norberto Odebrecht por incumplir el contrato de construcción de un canal para el Proyecto Río Cachi. Reclama una indemnización de US$ 4 millones 770 mil (15.7 millones de soles). El caso está en el 14º Juzgado Civil de Lima. Pero, además, la Contraloría resultó denunciada por una de las compañías. Ese es el tercer proceso judicial que involucra a una de las constructoras de la Interoceánica Sur en un proceso con el Estado. • El 26 de enero de 2001, Queiroz Galvao demandó a la Contraloría por haber “actuado arbitraria y abusivamente” por haberse opuesto a que el Estado pagara a la empresa US$ 2 millones 197 mil, por la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cusco-Juliaca-Desaguadero. El caso está en el 28º Juzgado Civil de Lima. Los tres procesos involucran US$ 7.3 millones. Colofón No obstante las evidencias, las fuentes de ProInversión informaron que no es suficiente. Así que, junto con funcionarios de la Contraloría, representantes del organismo irán juzgado por juzgado para verificar la existencia de los juicios. Ambas partes coinciden en que de constatarse los procesos, los contratos serán anulados, y denunciadas las constructoras. Contraloría sabía hace tiempo de los procesos 1. Los voceros de ProInversión cuestionaron que a último momento la Contraloría les entregara un informe dando cuenta de los procesos judiciales que involucran a tres concesionarias de Interoceánica Sur. 2. La tardanza es inexplicable, aseguraron, porque la Contraloría tiene conocimiento de los juicios desde hace tiempo. El organismo denunció a Odebrecht en marzo de 2004. Y Queiroz Galvao demandó a la Contraloría en 2001. 3. ProInversión alega que los juicios no son contra las empresas sino contra funcionarios y ex funcionarios de las mismas. Contraloría considera que esa revisión no tiene sustento y que los procesos sí involucran a las constructoras. 4. Otro cuestionamiento de ProInversión a la Contraloría es que cuando se firmó el contrato con Odebrecht por la Interoceánica Norte, no objetó a la constructora. Contraloría señaló que ProInversión remitió tarde la información sobre los concesionarios.
