
El ingeniero industrial Carlos Loyola presentó un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revertir su exclusión del concurso público que busca designar al nuevo jefe de la ONPE. En el documento, solicita que el Pleno revise la decisión adoptada y sostiene que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.
La exclusión de Loyola tuvo un efecto directo sobre el proceso. La Junta Nacional de Justicia declaró desierto el concurso porque el ingeniero era el único postulante que permanecía en carrera tras la renuncia de Amparo Ortega, quien dejó la competencia por motivos de salud antes de la entrevista final.
El origen de la controversia radica en dos procesos judiciales que, según la JNJ, no fueron declarados por el postulante al momento de presentar su información. Loyola rechaza esa interpretación y sostiene que sí comunicó ambos casos cuando el concurso permitió actualizar los datos consignados inicialmente.
Con ese argumento, el aspirante busca que el organismo reevalúe el expediente completo y deje sin efecto su exclusión. A su juicio, la medida resulta excesiva porque los casos observados no constituyen un impedimento legal para ejercer la jefatura de la ONPE ni afectan su capacidad para asumir el cargo.
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En el recurso presentado ante la Junta Nacional de Justicia, Loyola afirma que nunca intentó ocultar información. Explica que la omisión ocurrió durante el registro inicial y que posteriormente incorporó los procesos judiciales cuando la propia convocatoria habilitó la etapa de actualización de datos.
El postulante también sostiene que ambos expedientes corresponden a asuntos de naturaleza civil y que ninguno cuestiona su probidad ni su trayectoria profesional. Por ello, considera que la decisión de excluirlo no guarda proporción con los hechos observados.
"No existió ocultamiento de mala fe, sino error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva", señala en el recurso dirigido al Pleno de la JNJ.
Tras conocerse la decisión de la JNJ, Loyola explicó que uno de los expedientes está vinculado con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según indicó, el caso deriva de una investigación relacionada con funciones que desempeñó cuando trabajaba en esa institución.
El segundo proceso corresponde a una demanda civil presentada por una cooperativa debido al retraso en el pago de una obligación económica durante la pandemia de la COVID-19. El ingeniero sostuvo que recién fue notificado formalmente en 2024 y que decidió apelar porque considera excesivos los intereses fijados en el caso.
A partir de esos antecedentes, el aspirante insiste en que ninguno de los casos limita su acceso al cargo. Incluso remarca que la propia resolución de exclusión no cuestiona su idoneidad profesional, sino únicamente la omisión detectada durante una de las etapas del concurso.





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