Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

Las denuncias por haber ejercido violencia de género en las filas de la Policía Nacional del Perú son cada vez más extendidas. De un universo de 135.000 agentes, 2.239 fueron investigados por  el Ministerio del Interior y el Tribunal de Disciplina Policial por hechos relacionados con violencia contra la mujer y personas vulnerables entre los años 2018 y 2024.

El 94% de los efectivos acusados son suboficiales, aunque también se han reportado casos de oficiales.

En 2025, solo entre enero y octubre, 1.636 policías fueron denunciados en diferentes localidades del país por violencia de género. De este número, 196 (12%) fueron detenidos. Solo en Lima, 451 policías resultaron implicados en casos de violencía física, psicológica y sexual. De ellos, solo 42 fueron arrestados. Es decir, en los últimos siete años se han investigado a más de 3.875 policías.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 un total de 19 miembros de la PNP fueron imputados por distintos casos de violencia hacia las mujeres en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona de influencia del narcotráfico y el crimen organizado. Pese a las acusaciones, los agentes policiales continuaron cumpliendo su servicio como si no hubiera pasado nada.

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En 2023 se reportaron seis casos. De ellos, tres se encuentraban asignados al Frente Policial Vraem, y uno corresponde a la comisaría de Ventanilla, en el Callao.

Además, en 2024, siete policías denunciados fueron designados en el Frente Policial del Vraem, y uno, a la División de Investigación Criminal de Ica.

En 2025, dos efectivos policiales con acusaciones en su contra por violencia fueron designados al Frente Policial Vraem, y uno, a la Dirección de Seguridad Integral de Lima.

De acuerdo con el Ministerio Público, en los primeros 10 meses del año pasado, se dictaron 13.023 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Sin embargo, entre los procesos abiertos contra miembros de la Policía por denuncias de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica, solo el 31% culminó con una sanción. El 69% de los casos fue archivado por absolución, retiro de la denuncia o por caducidad.

Lamentablemente, no existe un registro público que indique el número exacto de agentes de la Policía Nacional del Perú detenidos únicamente por el delito de feminicidio. Sin embargo, las cifras recientes revelan una alta incidencia de volencia de género dentro de la institución.

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones. Pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la institución funcione muchas veces como corporación, no hay protocolos efectivos y tampoco  voluntad de autodepuración”, afirma la presidenta de Familias Unidas por Justicia, Katherine Flores. La organización congrega a  familiares de víctimas de feminicidio en el Perú.

Y agrega Flores: “¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar, pero la misma fuerza policial las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”.

Un caso de perversa negligencia

Patricia Villafuerte Suárez era una joven activista. En diciembre de 2019 tuvo una crisis e intentó quitarse la vida en Miraflores. El serenazgo la auxilió y llamó a la policía para que interviniera. Sin embargo, los agentes de la comisaría miraflorina, en lugar de llamar a la familia de Villafuerte o trasladarla a un centro de salud, la condujo al establecimiento policial, sin comunicarse con sus seres queridos.  Posteriormente, dos policías la trasladaron en un patrullero con detino a su domicilio, en Ate. Pero no la cuidaron.

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Segun la acusación fiscal, durante una intervención de tránsito, ambos policías bajaron de la patrulla dejando un fusil AKM al alcance de Patricia Villafuerte, a pesar de saber del intento de suicidio previo. Ella aprovechó un descuido, tomó el arma y se disparó. El caso está en juicio oral por el delito de homicidio culposo.

El martes 12 de mayo hubo una audiencia judicial sobre el caso contra los policías Julio Marquina Sulca y Luis Sandoval Hoyos.

“Ellos son responsables de la muerte de mi hija Patricia. Tengo días tensos, angustiantes, pero, a la vez estoy llena de fe, que pronto la Justicia nos abrace.
Vivir con el alma rota es una constante.
Extraño muchísimo a mi hija, no hay instante que no esté presente. Mi pequeña Patricia no merecía partir así. No puedo comprender cómo a sus 24años le impidieron cumplir sus metas, sus logros, sus sueños, su carrera. Tenía tanto por hacer como activista profesional. A mi hija la asesinaron”, dice Haydée Suárez Herrera.

Más allá del personal denunciado, la PNP lleva a cabo constante capacitación, sensibilización y especialización para el personal policial, buscando fortalecer la atención, prevención y erradicación de la violencia de género.

Marleni, víctima de su colega

Algunos malos efectivos se encuentran con prisión preventiva. Como ocurrió con el suboficial José Villafán Arteaga (52), quien confesó el crimen de su colega, la suboficial de tercera PNP Marleni Rucana Silvestre, de 27 años.

Cerca de una semana después de haber sido reportada como desaparecida, el 21 de febrero fueron encontrados los restos de Marleni Rucana en el sector de Paltay, a un costado de la carretera que conecta Huaraz con Caraz .

El policía José Villafán se acogió a la confesión sincera y dijo que “estaban ‘jugando’ con un arma”, cuando se produjo la tageida. La defensa de la víctima, por supuesto, rechazó esa versión, señalando la falta de lógica y recordando su trayectoria profesional de Villafán como instructor de policías.

José Villafán esperó a su compañera Marleni Rucana, la llevó a cenar y, posteriormente, le disparó en la cabeza dentro de su vehículo.Luego de arrojar el cuerpo sin vida al río Santa (en el sector de Paltay, Huaraz), intentó ocultar evidencias y ordenó a su hermano desmantelar y alterar la camioneta donde ocurrió el asesinato. Una vez que un juez dictó nueve meses de prisión preventiva, el policía Villafán se quebró y confesó el crimen y la ubicación del cadáver.

El tiempo del olvido

Otro caso que estremeció ocurrió hace seis años, pero hoy la familia de la víctima pugna por encontrar justicia. Lesly Vicente Félix era una joven universitaria de 19 años que fue víctima de feminicidio, el 15 de julio de 2020, en Huánuco. Desde entonces, sus seres queridos han sostenido una larga lucha para que el crimen no quede impune y los responsables sean sancionados.

La Fiscalía ha investigado como autor al policía Erik Villogas Carhua y a Diófenes Villogas Tolentino y Yeslit Villogas como presuntos coautores. Terminada la etapa de investigación preparatoria, el caso ha avanzado para una eventual acusación y juicio.

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No obstante, los familiares del suboficial Villogas claman su inocencia. Desde octubre de 2025, el efectivo cumple prisión preventiva como presunto autor del feminicidio de Lesly Valeria. “El Fiscal ha investigado por más de cinco años y no ha podido acreditar con pruebas que se trasladó a Tingo María para matar a Lesly”, manifestaron sus familiares.

Los efectos legales del feminicidio

“Cada feminicidio representa no solo una vida perdida o sensiblemente afectada, sino una familia destrozada y una sociedad que debe confrontar su dolorosa realidad”, señala la expresidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello,

Explica que el feminicidio está contemplado en  del Código Penal y puede llegar incluso a la cadena perpetua en caso la víctima sea menor de edad o adulta mayor.