Organizaciones de DD.HH denuncian que salida de juez Ordóñez es un castigo por participar ante la CIDH

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) condenaron la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez en su cargo. Las organizaciones consideran que se trata de una represalia por su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció presuntas vulneraciones a la independencia judicial.

“Esta decisión fue precedida por una investigación preliminar en el marco de un proceso disciplinario abierto en su contra tras la denuncia de una congresista. La denuncia se basó en las declaraciones sobre la situación de la independencia judicial en Perú, realizadas por el juez en una audiencia pública (…) Posteriormente, su procedimiento de ratificación fue ampliado para incorporar estos hechos”, se lee.

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Además, los colectivos señalaron que la medida adoptada por la JNJ vulnera estándares internacionales de protección, en especial el derecho de los jueces a recurrir a instancias como la CIDH sin temor a sanciones o represalias. En esa línea, alertaron que la decisión puede tener un efecto intimidatorio sobre otros magistrados.

Asimismo, resaltaron que el caso de Ordóñez no es aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de ataques a la autonomía del sistema de justicia en el país. Advirtieron que sancionar a un juez por recurrir al sistema interamericano debilita garantías fundamentales y compromisos asumidos por el Estado peruano.

“Instamos a las autoridades competentes a revertir esta decisión y a garantizar la plena restitución de sus derechos. Asimismo, recordamos que los estándares internacionales garantizan el derecho a una revisión judicial de las decisiones que afecten la permanencia en el cargo de las personas operadoras de justicia, sin que ello signifique invadir competencias de la JNJ”, exhortaron.

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¿Por qué la JNJ separó de su cargo al juez Ordóñez?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió remover a Oswaldo Ordóñez de su cargo al tomar como base lo dicho en la ponencia del magistrado Cayo Galindo, respaldada por Germán Serkovic y Víctor Chanduví. Gino Ríos y María Teresa Cabrera apoyaron la decisión, aunque emitieron votos singulares. Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la no ratificación.

El informe de Galindo se fundamentó en la intervención de Ordóñez durante una audiencia que dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de noviembre de 2024, cuando presidía la Asociación Nacional de Magistrados.

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En dicha audiencia, Ordóñez denunció que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, debilitaba el sistema de justicia mediante leyes que restringían la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado.

A raíz de lo declarado por Ordóñez, la JNJ decidió iniciar un proceso de evaluación contra el magistrado, pese a que la CIDH advirtió que eso podría constituir una represalia institucional que no iba de la mano con los estándares del sistema interamericano.