
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presunta colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral de las Elecciones Generales 2026. Entre las diligencias requeridas figura el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, con el objetivo de acceder a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y archivos adjuntos vinculados al proceso de contratación.
El pedido, que fue presentado ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, incluye también a otros cinco funcionarios de la ONPE y al gerente general de la empresa Servicios Generales GALAGA S.A.C, que se encargó del traslado logístico del material electoral.
ONPE
Según el documento, se solicita al Juzgado de Investigación Preparatoria autorizar el acceso a los registros de llamadas, intercambio de mensajes SMS, correos electrónicos, identificación de abonados, duración de comunicaciones, información de celdas telefónicas y archivos enviados entre los investigados.
Además, se pide que operadoras como Movistar, Claro, Entel y Bitel envíen el detalle de los números telefónicos registrados a nombre de los involucrados durante el periodo de contratación. Asimismo, se pidió la realización de una pericia contable para determinar si hubo perjuicio económico al Estado, así como el acceso al expediente completo de contratación, reportes GPS de los vehículos utilizados, planes de contingencia de la ONPE y reportes patrimoniales de los investigados.
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La Procuraduría solicitó incorporar formalmente como investigados a Piero Corvetto, jefe de la ONPE; Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración; José Edilberto Samamé, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral; Yuvitza Milagros Aguilar, subgerente de Logística; y Juan Charles Alvarado, gerente general de Servicios Generales GALAGA S.A.C.
También se pidió que todos ellos rindan declaraciones indagatorias para esclarecer su participación en la contratación del servicio logístico electoral. La Fiscalía deberá determinar si existió responsabilidad en la preparación y supervisión del transporte de materiales electorales durante la jornada del 12 de abril.
Sumado a esto, se requirió la declaración testimonial de Bernardo Pachas, gerente general de la ONPE, para que informe sobre el desarrollo del servicio de transporte de carga a nivel nacional y el despliegue y repliegue del material electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría también pidió una pericia contable para revisar si el servicio de transporte se realizó de manera regular y conforme a ley, además de determinar si hubo algún perjuicio económico para el Estado. Esta evaluación permitirá establecer si las presuntas irregularidades en la contratación o los problemas en la distribución del material electoral generaron pérdidas económicas.





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